Pueblo Soberano volvió a cerrar la puerta a una investigación legislativa. Con los votos de su mayoría, el oficialismo rechazó en el plenario la moción para investigar los contratos públicos de SGSV, empresa ligada a financistas de su campaña presidencial.
La moción, de la diputada Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, pedía que la Comisión de Ingreso y Gasto Público revisara contrataciones en seis instituciones, entre ellas la compra de 40 ambulancias para Bomberos, por unos US$13,8 millones.
El vínculo político es lo que pesaba en la propuesta. Según la moción, dos personeros de SGSV compraron certificados de cesión de la contribución estatal de Pueblo Soberano, es decir, fueron financistas de su campaña.
El rechazo deja sin control político un caso que ya investigan la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna del ICE. Sin embargo, según la moción, cada instancia revisa un contrato por separado, y ninguna analiza el patrón completo ni su coincidencia con el financiamiento de la campaña.
“Ese análisis integral, que involucra fondos públicos del Instituto Nacional de Seguros, el Cuerpo de Bomberos, el ICE, el AyA, RACSA, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Seguridad Pública, corresponde por naturaleza al control político de la Asamblea Legislativa”, sostiene el texto de la moción presentada para abrir la investigación.
¿Por qué el oficialismo se niega a investigar a quienes financiaron su campaña? La pregunta no es nueva. En setiembre, Pueblo Soberano ya había rechazado investigar al AyA, a los Cen-Cinai y el contrato de Open English con el INA que terminó siendo un fracaso en cuanto a aprovechamiento.
Los financistas de SGSV
Según halló el diario La Nación, Cristian William Rodríguez Villalobos, representante legal y director regional de ventas para Centroamérica de SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, compró certificados de cesión de Pueblo Soberano por ¢43 millones.
Además, Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la sociedad desde 2015 y dueño del 18,81 % de sus acciones, compró certificados por ¢9 millones. Los reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) registran montos de ¢36,55 millones y ¢7,65 millones, respectivamente.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE hizo estudios de solvencia económica a ambos compradores, para verificar el origen de los recursos. Según la moción, ambos aparecen también copiados en los correos sobre la cotización de las ambulancias de Bomberos. Es decir, se les informaba sobre lo que sucedía con los contratos que, presuntamente, ya estaban hablados.
La moción describe un patrón que se repite en los contratos de SGSV: participación como oferente único o único admisible, uso de procedimientos de excepción en lugar del concurso abierto y adjudicaciones en materias en las que la empresa no tenía experiencia propia ni previa. Esos indicadores, claramente, hablan de presuntos chorizos usando portillos que permite la administración pública y a pesar de la Contraloría General de la República.
El caso más visible es el de las ambulancias. Bomberos invitó solo al consorcio SGSV–Bem Estar Hospitalar, que ganó el 28 de setiembre con la oferta más cara del estudio de mercado. Las empresas nacionales Cotisa y AutoStar, con precios hasta US$2,3 millones menores, quedaron fuera por sus plazos de entrega.
Algo similar ocurrió en el ICE, que invitó solo al consorcio Grupo PBS/SGSV para comprar terminales ópticas Huawei por US$7,45 millones en el primer año. En el AyA, solo el consorcio SGSV–Origin Tech superó la admisibilidad en un contrato para detectar fugas. Y en el MOPT, el único competidor de SGSV en la estación de tráfico marítimo de Moín quedó excluido, pese a cotizar ¢33,4 millones menos.
El caso de las tobilleras electrónicas también aparece en la lista. Según la moción, RACSA subcontrató a SGSV por emergencia a US$9,61 por dispositivo diario, cuando el Ministerio de Justicia ya pagaba US$5,99 en otro contrato con el mismo consorcio. La diferencia configuraría un aparente sobreprecio superior a ¢808 millones, que la Contraloría investiga.
Por último, el texto recuerda que la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, denunció ante el Ministerio Público presiones del entonces presidente de la República en 2024 para adjudicar a SGSV el marchamo digital. Ese concurso se declaró desierto.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga, contra persona ignorada por el momento, la compra de ambulancias por presunto tráfico de influencias. La moción aclaraba que la investigación legislativa sería complementaria a esas instancias y respetaría la presunción de inocencia.
Sin embargo, a Pueblo Soberano esos razonamientos poco importan, abusando del poder de su mayoría forman una coraza que no escucha nada que venga de afuera, como ha quedado claro en varios casos, incluyendo el desacato a la resolución de la Sala Constitucional sobre el tema del debate al presupuesto 2027.
Leave a Reply