El Banco Central, órgano encargado de la política monetaria del Gobierno, intentó tener información confidencial de las operaciones de crédito que realizan todos y cada uno de los costarricenses, mediante una solicitud expresa a Rocío Aguilar, Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF).
Según informó la SUGEF, el Departamento Jurídico de esa entidad considera que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que establece “la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al Superintendente, Intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente”.
Por rechazar esta solicitud, el Banco Central realizó un denuncia penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la Gerente del Banco Central de Costa Rica, el pasado 21 de abril del 2023.
Sin embargo, la SUGEF considera que “la infracción a tal obligación especial de confidencialidad acarrea a quien no la observe, responsabilidad laboral, además, una pena de prisión de cuatro a seis años, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de conformidad con el artículo 203 del Código Penal”.
Además, la superintendencia argumenta que la información privada y confidencial solicitada por el Banco Central, entidad manejada directamente por el Gobierno de la República, se encuentra bajo el “régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968”.
La denuncia penal en contra de Aguilar sería prematura, según la institución, porque la respuesta de la SUGEF fue que consultaría a la Procuraduría General de la República al respecto, pero fue hasta el pasado 3 de julio que el abogado del estado se manifestó. “La actuación del BCCR podría considerarse prematura al presentar la denuncia sin esperar la respuesta de la PGR”, comunicó la SUGEF.
Según el Banco Central, el artículo 14 de su ley orgánica, Ley N°7558 y los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, Ley N°9694, le facultan para hacer esa solicitud de información confidencial de los costarricenses. Es decir, una violación del secreto bancario.
Procuraduría considera que no son datos sensibles
La Procuraduría, por su parte, afirmó que las instituciones están obligadas de brindar “información de interés estadístico requerida por el Sistema Nacional de Estadística”.
Según el órgano procurador, los datos financieros de las personas no son datos sensibles y no deben ser protegidos entonces como datos confidenciales, y que la Sala Constitucional los ha catalogado como “datos personales de interés público”.
Sin embargo, esos criterios no fueron aplicados con el caso de la UPAD, cuando se creó una oficina en Casa Presidencial para el manejo de información estadística para la toma de decisiones y la persecución en aquel caso fue evidente.
Eso establece nuevas reglas de juego con este tipo de información que compromete los intereses de las personas y que podrían entonces estar disponibles. Así deberá entonces atender la SUGEF las solicitudes en adelante.
Reacción legislativa
“En una semana en que el Estado ha mostrado su voracidad por más impuestos, hoy muestra que además, su pretensión de vulnerar e ignorar de forma tácita y arbitraria el secreto bancario del contribuyente, el cual solo puede ser levantado por una autoridad judicial”, afirmó la diputada Johanna Obando, del Liberal Progresista.
“Es precisamente por arbitrariedades como estas que el pasado 28 de setiembre de 2022 presenté el proyecto de Ley № 23.366 Tutela al debido de proceso en la apertura del secreto bancario, el cual junto con el proyecto presentado por Eli Feinzaig sobre protección de datos, pretende proteger la información sensible y privada de las personas, que solo puede ser accesada con posterioridad a la tutela judicial del debido proceso. Hoy más que nunca el Ministerio de Hacienda y otras entidades estatales, han probado su falta de objetividad al intentar accesar información e inclusive utilizar la institucionalidad en contra de las personas”, agregó la congresista.
Desde






Leave a Reply