La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intervendrá el Centro Nacional de Imágenes Médicas (CNIM) para enfrentar una fila de 12.470 estudios de resonancia magnética pendientes. La medida busca depurar las listas de espera en salud y corregir deficiencias señaladas en recientes informes de fiscalización.
Hoy martes a las 7 pm, en Vamos al grano, estaremos tratando este tema. Pero antes, un recuento por la situación actual.
Intervención en imágenes médicas
Según reportó el Diario Extra, un informe de la Auditoría Interna de la institución, identificado como ASALUD-0018-2026, reveló que 947 pacientes fallecieron mientras esperaban un reporte de resonancia magnética al 31 de marzo de 2026. El propio informe aclara que esos decesos no pueden vincularse directamente con los atrasos en los reportes, aunque el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) usa la cifra para ilustrar la gravedad del rezago.
“Las resonancias salvan vidas, no queremos que las listas de espera se conviertan en listas de muerte”, declaró Lenín Hernández, secretario del sindicato, que mantiene una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos y el manejo de los servicios de diagnóstico.
Hernández cuestionó además un contrato de $4.7 millones para la compra de resonadores que, según denunció, han presentado fallas técnicas recurrentes. El sindicato pide investigar un posible “apagón” en el sistema de imágenes médicas que habría obligado a usar visores no certificados.
La Gerencia Médica de la CCSS, a cargo de Marvin Palma, señaló que la prioridad será determinar cuántas personas continúan en espera, identificar los casos urgentes y dar seguimiento a cada solicitud a través del Expediente Digital Único en Salud (EDUS). La doctora Catalina Saint-Hilaire Arce liderará el equipo interventor.
En paralelo, el personal de enfermería del Hospital México inició hoy una huelga tras el fracaso de las negociaciones con la Gerencia Médica y la Dirección del centro, en rechazo a una reestructuración que, según Sinae, reduce el personal de atención directa a pacientes.
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Radiografía del sistema a 100 días del Gobierno
Los primeros 100 días de la Administración Fernández Delgado muestran una lista de espera quirúrgica que pasó de 203.436 a 211.650 personas, y una consulta externa médica que subió de 366.252 a 391.314 pacientes, de acuerdo con datos de la propia CCSS. Un asegurado espera en promedio 452 días para una operación y 565 días para una cita.
La institución arrastra además un déficit de al menos 600 médicos especialistas, lo que llevó a la Junta Directiva a prorrogar la declaratoria de emergencia institucional. La deuda del Estado con la Caja alcanzó los ¢4,4 billones a mayo de 2025, y la Auditoría Interna denunció que no se emiten estados financieros actualizados desde junio de ese año.
“Sí estamos haciendo un adecuado manejo de las listas de atención, pero no podemos decirle que se va a acabar a corto tiempo”, reconoció Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS. Sin embargo, la administración actual chavista tiene más de 4 años de estar frente al problema sin ninguna mejora.
Nuevo reglamento fija tiempos por prioridad clínica
El Ministerio de Salud publicó el Reglamento de Gestión de Listas de Atención en Salud con Tiempos Razonables de Espera, que sustituye el criterio de orden de llegada por cinco niveles de prioridad clínica: atención inmediata (P0, menos de 24 horas), urgente (P1, hasta 8 días), prioritaria (P2, hasta 30 días), electiva de alta prioridad (P3, hasta 90 días) y electiva de prioridad moderada (P4, hasta 180 días).
“La meta con este decreto es asegurar una espera razonable, transparente y clínicamente segura“, explicó el ministro Alexander Sánchez. El reglamento obliga a los prestadores públicos y privados a reportar semestralmente sus indicadores y a revisar periódicamente la condición clínica de cada paciente en espera.
Los prestadores tendrán un plazo máximo de seis meses para elaborar su Plan Institucional de Gestión de Listas de Atención, y hasta 24 meses para completar las adecuaciones necesarias. El reglamento entra en vigor a partir de su publicación en La Gaceta.