En total son 101 centros educativos en todo el país que están en alerta roja para cierre inminente por el deterioro de su infraestructura y la ausencia de medidas pertinentes para solucionar un problema que, en los últimos años, ha empeorado.

El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 instituciones con advertencias sanitarias que los ponen en la cola, ejerciendo presión sobre las necesidades de infraestructura del país.

Una o dos inauguraciones con bombos, platillos, fanáticos y transmisión televisiva no solucionan ni aportan una propuesta real al problema. “La situación es de extrema urgencia”, alerta la Defensoría de los Habitantes.

Esta institución notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica. “El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes“, asevera.

Las 101 infraestructuras en riesgo inminente de cierre total responden a estudios realizados que indican un gran riesgo de “poner en peligro la vida de la comunidad escolar“.

La Defensoría, además, hace un llamado particular, porque la mayoría de estos casos se dan en la provincia de Limón.

La entidad afirma que el Ministerio de Educación sigue un modelo agotado en el que se traslada la responsabilidad a las juntas de educación y administrativas, según corresponda.

“El problema no es sólo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra”, explica la Defensoría.

En consecuencia, denuncia la Defensoría, existan miles de millones de colones “atrapados” en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

“El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso”, advierte la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

De acuerdo con el informe, “la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales”, que se citan textualmente del comunicado de la Defensoría:

• Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.
• Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.
• Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.
• Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

La Defensoría de los Habitantes le realiza dos recomendaciones al MEP:

1. “Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas”.

“La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo”, concluye la entidad.