La Contraloría declaró nulidad a contratación de Coopesana por parte de la CCSS para brindar el servicio de administración de los ebáis en el Área de Salud de San Francisco – San Antoonio.

La Contraloría General de la República resolvió así un recurso de apelación interpuesto por parte de Psicomed S.A. Esta es una de las contrataciones que investiga la Fiscalía General de la República por presunta corrupción al aceptar sobreprecios con varias cooperativas de la salud en la contratación de la administración de una gran cantidad de ebáis de la GAM. Es el caso Barrenador.

El órgano contralor concretamente declaró la nulidad del acto de adjudicación de la partida No. 3 de la licitación 2023LY-000002-0001101142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la “Adquisición de Servicios de Salud en un Primer Nivel de Atención (EBAIS)”.

“Siendo esta la única partida que se impugnó ante la CGR, es la única partida para la que la CGR resulta competente para pronunciarse”, manifestó el órgano fiscalizador del estado costarricense.

“La declaratoria de nulidad es con respecto al acto final dictado y obedece a que, como parte de la motivación del acto no consta un estudio técnico en el que se concluya que los precios son razonables, dado que el criterio utilizado como sustento de la adjudicación, se limitó a comparar los precios recibidos, con el costo que representa para la CCSS prestar el servicio directamente. Sin que se hayan considerado los precios del mercado en competencia, como se exige a nivel normativo”, explicó la Contraloría -sic-.

“Adicionalmente se determinó, que la apelante presenta un incumplimiento al no haber aportado un cuadro con el desglose de los rubros que componen su ofertas, según lo requería el pliego. Mientras que el adjudicatario, presenta incumplimiento en relación con la falta de cotización del médico especialista en medicina familiar y las horas cotizadas para el puesto de administrador. Siendo estos dos oferentes los únicos que remitieron oferta para esta partida”, agrega la resolución del contralor.

Ahora procede que al haberse anulado el acto de adjudicación dictado, “la Administración deberá tomar las decisiones que correspondan, en acatamiento de lo resuelto por parte de la CGR”, concluye la información enviado a los medios este viernes.