Es ya un hecho fundamental que el Gobierno Chaves Robles le ha declarado la guerra a la educación pública. Los hechos son abrumadores, consistentes y claros. Pero entonces ¿por qué lo hace con tanta alevosía y premeditación?

Empecemos por los hechos que confirman que para Rodrigo Chaves y su equipo, la educación no es importante y puede ser objeto de sacrificio.

Lo primero es la enorme rebaja en el presupuesto del Ministerio de Educación (MEP) para este año. Hacienda y el Gobierno propusieron en el presupuesto ordinario para 2023 un recorte de poco más de ¢39.000 millones. Para tener una mejor idea, el recorte cercano a todo el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, que ronda los ¢45.000 millones. Solamente Salud tuvo un recorte parecido, cuando se propuso rebajar cerca de ¢31.000 millones para este 2023.

Entre Educación y Salud se le quitaron ¢70 mil millones al sector social de Costa Rica en el presupuesto 2023.

En segundo lugar, el incumplimiento del compromiso de Nogui Acosta, Ana Katharina Müller y la Comisión de Enlace del Ejecutivo de dar un 1% de aumento al presupuesto de las universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UTN, UNED). Esa promesa la aceptaron los rectores para darle al Gobierno de Chaves un margen de acción y la posibilidad de acomodarse en un momento de altísima inflación. Hoy el presidente se burla de eso y alega que ya no hay inflación, pero olvida que el año pasado era gigante.

Como tercer evidencia, el recorte por cerca de ¢3.200 millones que se realizó recientemente mediante un presupuesto extraordinario para darle más recursos a seguridad. El recorte pone en riesgo la operación de transporte de estudiantes y programas de computación, meses después de haber roto un convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD), entidad que se encargaba de administrar un fondo especial para llevar esa tecnología a los centros educativos desde hace cerca de tres décadas.

En cuarto lugar, pero no menos importante, es la propuesta de un proyecto de ley para destruir la autonomía universitaria, para que las universidades públicas pasen a ser manejadas al antojo del gobierno de turno. Es decir, para liquidarlas, para cercenar su crecimiento presupuestario y su desarrollo como instituciones que se gobiernan a sí mismas para no depender del criterio político, sino del científico, del académico, del tecnológico, es decir, del criterio del conocimiento y no de la politiquería tercermundista. Esa ley es un perfecto mamarracho, pero además una amenaza gigantesca a la educación superior de este país, y del país.

La ruptura del MEP con la FOD para eliminar ese presupuesto (en el fondo esa era todo el objetivo) trajo consigo el debilitamiento de todo el sistema de informática educativa del MEP, porque esa cartera no tiene capacidad para hacer un trabajo ni siquiera similar al que ya se venía realizando. La ruptura se basó en mentiras, mitos y manipulaciones que los troles sin duda llevaron a todo lado. Romper un convenio exitoso por décadas es la quinta evidencia de ese ataque a la educación.

La eliminación de las pruebas FARO para improvisar unas nuevas “pruebas estandarizadas”, de un año para otro, de manera ocurrente y arbitraria, es el sexto criterio de que se quiere dañar a la educación. La manoseada frase “apagón educativo” vino a justificar, además del más burdo populismo, que unas pruebas que ya funcionaban bien -pero que eran mejorables- fueran eliminadas, así como todo el esfuerzo empleado en ellas, sin un criterio técnico y profesional válido.

Los estudiantes y profesores aducen que han cambiado la metodología de aplicación de la prueba TRES VECES, que NO han dado temarios para las pruebas y que la información parece un teléfono chocho, porque ni en el MEP saben cómo va a funcionar. Además, piensan medir estudiantes que vienen de una pandemia de dos años, de huelgas que se extendieron por dos años y de muchas carencias materiales. “En esta competencia, no todos empezamos en el mismo punto”, dijo un estudiante.

En sétimo lugar, el simple hecho de que los jerarcas del MEP no hayan actuado en algo tan fundamental como la constante pérdida de lecciones efectivas, nos dice que no hay interés en atacar los problemas de fondo. En los últimos años cualquier padre de familia sabe que la pérdida de clases es semanal, desde supuestas capacitaciones, reuniones de personal o de comités de cuanta cosa existe hasta decoración de efemérides o acto cívicos continuados en actividades improvisadas, cualquier excusa es válida. Y los padres de familia asienten, totalmente acríticos con el abuso.

¿Cómo aprende un estudiante que no recibe clases, cuyo avance educativo depende del empeño que pongan sus padres o de lo contrario termina siendo un desertor escolar? Esta administración en realidad no ha atacado los problemas de fondo, porque en su populismo no quiere echarse encima a los educadores y sus sindicatos. Una prueba estandarizada no cambia nada, pero rebajos de presupuesto sí, pero el acceso a la informática educativa sí, pero más lecciones efectivas sí, pero cambios curriculares inteligentes sí, pero evaluaciones reales a los educadores sí…

¿Por qué el Gobierno le declara la guerra a la educación pública?

Puede parecer evidente, pero es mejor dejarlo en actas. La visión de un gobierno neoliberal, en la historia del mundo, nunca ha sido la de favorecer la educación, la cultura o el sector social. Para un financiero o economista neoliberal la inversión en esos rubros es UN GASTO y nunca hay dinero para hacerlo, porque hay que “sanear las finanzas”, o “reducir el déficit fiscal”, o “mejorar la economía”, etc. Pero luego resulta que nunca logran sanear las finanzas y los únicos sacrificados son los estudiantes y con ellos el futuro de un país.

Al final, solamente son poses falsas, porque nunca se terminan de corregir los problemas de la economía y, mientras tanto, lo que realmente se hizo con esas excusas fue darle un gran negocio a los empresarios de la educación privada, en especial la usura de las universidades privadas.

Es clarísimo, si usted reduce recursos en las universidades públicas también reduce cupos, becas y beneficios que terminan por expulsar miles de estudiantes a las universidades privadas. Si usted mantiene la educación secundaria mediocre sin atacar los problemas reales que la afectan por populismo, es claro que abre la puerta a los colegios privados para hacer su agosto con más estudiantes en sus filas ante el mayor esfuerzo económico (y endeudamiento) de sus padres que terminan por hastiarse de la mediocridad pública.

Para los financistas neoliberales lo social y lo educativo son solamente palabras vacías de números, y los números son lo único que da sentido a las cosas, a la vida misma. Pero en la demagogia y la retórica política entonces sí hablan de la “importancia de la educación para el futuro del país”.

No, el economista neoliberal solamente puede ver el negocio detrás de la educación y por eso entendemos que la ministra de Educación de Costa Rica sea, con todo respaldo, Ana Katharina Müller, quien tiene claros ligámenes familiares con negocios de la educación privada de Costa Rica, desde su prima Silvia Castro, dueña de la ULACIT, sus familiares fundadores-propietarios de la Castro Carazo, un familiar rector de la Universidad para la Cooperación Internacional y quién sabe qué más conexiones y negocios en ese campo.

Por todo eso tienen sentido los ataques reiterados y obsesivos del presidente a las universidades públicas, la intención de someterlas a la politización del MIDEPLAN (o del MEP) para destruirlas y tiene sentido que estén desmantelando la educación secundaria.

Y si esas evidencias no le son suficientes, quizás es porque usted sigue pensando que las vacunas contra el Covid-19 no sirven para nada. En ese caso, yo tendría que decirle que la educación falló con usted, porque no pudo explicarle o hacerle comprender lo más básico de la ciencia. Y precisamente es por eso que usted tampoco entiende la importancia de defender la educación pública.