Después de severas críticas por un silencio incómodo y conveniente, el PUSC reacciona por fin ante la denuncia de un presunto acto del presidente Chaves para perjudicar e intimidar a la diputada socialcristiana Vanessa Castro de Paul.

Según denunció el periódico La Nación, el embajador de Costa Rica en México, Heriberto Abarca, habría confesado que gestionó una comunicación con una organización mexicana para solicitar que se le cercenara un contrato profesional de asesoría a la diputada Vanessa de Paul, con la clara intención de perjudicar sus ingresos e intereses personales y profesionales, en un supuesto intento por quebrarle el brazo y obligarla a actuar según lo dicta el presidente Rodrigo Chaves.

El mandatario, personalmente, usó al embajador Heriberto Abarca, para comunicarse con la empresa. Abarca luego dijo que lo hizo porque se trató de una orden de un jerarca superior.

Luego la prensa reveló que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) sabía de las acciones de Rodrigo Chaves Robles para perjudicar a su diputada, pero no realizó ninguna acción en su momento. Debe tenerse presente que dos ex diputados de la fracción rojiazul de la legislatura anterior, Erwen Masís y Heriberto Abarca, fueron nombrados por el gobierno actual para desempeñar puestos como embajadores en el BCIE y México, respectivamente.

De última hora, el Comité Ejecutivo Nacional del PUSC envió un comunicado donde expresa una condena en contra del acto de “presunta intimidación contra la diputada Vanessa Castro”.

“El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PUSC repudia el acto de intimidación, que trascendió en distintos medios, en contra de la diputada Vanessa Castro, en el cual el presidente Rodrigo Chaves, presuntamente, intervino para que una empresa rompiese su relación de servicios profesionales con doña Vanessa”, expresó el PUSC.

“El CEN acompañó y apoyó a la diputada, desde hace un año, cuando fue informado de la situación. Sin embargo, en su momento, doña Vanessa solicitó discreción, por
considerarlo un tema de ámbito personal, por lo que el CEN no hizo un pronunciamiento al respecto. El CEN de la Unidad recalcó que estas prácticas no son de recibo en nuestro país, por lo que las condenamos y expresamos nuestra solidaridad con la legisladora”, añadió el comunicado oficial del PUSC.

No es la primera vez que el presidente Rodrigo Chaves actúa de esa manera, tratando de perjudicar los intereses personales, profesionales y empresariales de quienes se oponen a sus intereses e intenciones políticas. El caso más conocido fue la orden sanitaria para cerrar el Parque Viva en contra del grupo empresarial del periódico La Nación.

La ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López Fuscaldo, también ha denunciado públicamente persecución profesional del presidente Rodrigo Chaves, para que ella no pueda laborar en el país ni en países cercanos en su espacio profesional. López Fuscaldo afirmó que interpondría una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).