El Consejo Superior de Educación (CSE), el órgano que dirige la enseñanza oficial en Costa Rica, opera sin una visión de mediano o largo plazo y sin mecanismos que permitan rastrear cómo llega a sus decisiones, según una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
El informe DFOE-CAP-IAD-00004-2026 evaluó la gestión del CSE entre enero de 2024 y junio de 2026. La Contraloría encontró que el Consejo se limita a resolver las propuestas que le remite el Ministerio de Educación Pública (MEP), sin una agenda estratégica propia ni objetivos y metas que ordenen su trabajo.
Entre los datos que respaldan el hallazgo, la CGR revisó 144 sesiones anuales del Consejo sin que existiera una hoja de ruta que orientara la dirección de la enseñanza. Al examinar los expedientes de propuestas educativas aprobadas en 2024 y 2025, encontró que el 67% —cuatro de seis casos analizados— carecía de un informe técnico que sustentara la propuesta.
El informe también determinó que el CSE no cuenta con un solo informe anual formalizado de rendición de cuentas. La información sobre su gestión permanece dispersa en actas y correspondencia, sin mecanismos que permitan a la ciudadanía dar seguimiento comprensible a las decisiones del órgano ni al trabajo de sus comisiones.
La Contraloría atribuyó la conformación de los expedientes técnicos a la discrecionalidad del personal asignado o de los integrantes de cada comisión, lo que limita la trazabilidad de la información que sustenta las decisiones adoptadas.
El CSE, presidido por el ministro de Educación José Leonardo Sánchez Hernández, respondió a los hallazgos mediante el oficio CARTA-CSE-SG-770-2026 del 18 de setiembre, en el que argumentó que recientemente puso en marcha herramientas de control y bases de datos para el seguimiento de sus acuerdos, consultas y proyectos.
La CGR giró tres disposiciones de acatamiento obligatorio al Consejo: elaborar instrumentos de control para su orientación estratégica, con plazo hasta mayo de 2027; regular la independencia de criterio de sus integrantes, con plazo hasta julio de 2027; y formalizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con plazo hasta agosto de 2027.
Leave a Reply