La Contraloría avala contratos para la explotación comercial de tecnología 5G de 6 empresas que participaron en la licitación respectiva.

El refrendo de los contratos de concesión será para el uso y explotación de espectro radioeléctrico de la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la implementación de sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (lMT), incluyendo 5G, suscritos entre el Poder Ejecutivo y empresas privadas.

Las empresas beneficiadas que ofrecerán esta nueva tecnología son Claro CR Telecomunicaciones de Costa Rica S.A., Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica S.A., Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos Ltda (COOPELESCA), Ring Centrales de Costa Rica S. A., Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste Ltda (COOPEGUANACASTE) y Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos Ltda (COOPESANTOS).

El órgano contralor, sin embargo, alertó que el Gobierno Chaves Robles no fijó una cláusula penal en el contrato, por lo que queda en desventaja ante “la responsabilidad de la Administración Concedente por la prevención y gestión de riesgos por incumplimiento del plazo en los contratos regionales”.

Además, “la resolución contractual para los contratos nacionales y regionales debe considerar la gravedad del incumplimiento y atender el debido proceso conforme dispone la normativa vigente”. Es decir, a pesar de la ausencia de la cláusula, el marco legal ampara al Estado frente a las empresas.

Ahora las empresas deben pagar el monto de la subasta y el Poder Ejecutivo deberá emitir las órdenes de inicio ed la concesión para que inicie “el despliegue de las unidades de infraestructura de la red” donde la Contraloría no participa.

Elard Ortega, gerente asociado División de Contratación Pública, explicó estas advertencias: