Otro caso de presunta corrupción: contratos irregulares en consultorías y asesoría en material laboral.

Por esa razón la Contraloría General de la República condenó a Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros -INS- a una suspensión de 20 días sin goce de salario.

Un procedimiento administrativo contra Chacón, según el expediente CGR-PA-2023004188, se originó a raíz de contrataciones irregulares promovidas por el INS mediante los procedimientos de contratación N.º 2021CD-0000403-0001000001 y N.º 2022CD-000073-0001000001.

Aunque la jerarca apeló la resolución en dos vías, la Contraloría confirmó mediante el acto final N.º 8849-2024, “responsabilidad administrativa de las personas investigadas“.

Explica la Contraloría que, “una vez resueltos los recursos interpuestos contra dicha resolución, por parte de los investigados, las sanciones impuestas fueron confirmadas”.

También se informa que la señora Chacón Fernández presentó una apelación en otra vía, ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En ese casó solicitó una medida cautelar para suspender los efectos del acto final N.º 8849-2024. Sin embargo, mediante la resolución N.º 2025006709 del 7 de julio de 2025, dicho Tribunal declaró sin lugar la medida cautelar solicitada.

Así las cosas, la Contraloría ha notificado hoy a la Administración para que proceda con la ejecución de la sanción impuesta.

Grettel Cisneros, gerente asociada de la División de la Contraloría, explicó la resolución de la siguiente manera:

Presidenta ejecutiva hizo gestión tratando de limpiar su nombre

La jerarca, el martes pasado, presintiendo lo que iba a suceder con la confirmación de las sanciones, se apersonó al Poder Judicial con la intención de presentar ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, “una ampliación a una denuncia que hizo un mes antes, la auditoría interna de INS Servicios ante el Ministerio Público”.

Según informó el INS en ese momento, la finalidad era “presentar una gestión de pronto despacho, así como conocer el estado actual de la investigación y ponerse a disposición de la Fiscalía para colaborar en lo que esté a su alcance, en la obtención de pruebas y buena marcha de la investigación”. Es decir, tratando de limpiar el camino de buenas intenciones ante el procedimiento que, por otra parte, la jerarca tenía con la Contraloría y el Tribunal Contencioso Administrativo.

Un comunicado del INS plantea que “el caso se remonta a inicios del 2024 cuando, a partir de denuncias recibidas, la Auditoría Interna de la empresa subsidiaria del INS: INS Servicios, realizó una investigación preliminar e identificó aparentes irregularidades, el informe completo fue remitido a la Fiscalía el 30 de agosto del año pasado”.  

“La presidenta ejecutiva explicó que para ese entonces, fueron detectadas presuntas transacciones bancarias a supuestos proveedores de INS Servicios sin documentación o evidencia de respaldo”, añade el comunicado.