La Contraloría General de la República encontró que el control de la concesión de la ruta 27 es débil y omiso por parte del estado costarricense.
Una auditoría al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Ministerio de Obras Públicas y Transportes(MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), “para determinar si los controles ejercidos por la administración concedente en el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público Proyecto Carretera San José-Caldera” están bien o no, encontró que hay debilidad y omisión.
El proyecto de la ruta 27 estableció un valor inicial de$301 millones de dólares del año 2000 (según el contrato original, las adendas aprobadas y los acuerdos conciliatorios)y aún hoy, 24 años después, el concesionario sigue su explotación.
La auditoría encontró que no hay una inspección técnica que es exigida en el contrato original y no se puede “verificar y garantizar la adecuada condición (grado de deterioro) y funcionamiento de la obras que componen la carretera -sic-“.
Además, la auditoría resolvió que “existen al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del Concesionario, relacionadas con deterioros en las obras concesionadas, correspondientes al período de 2018 a 2023, que a la fecha no han sido resueltas -sic-“.
Marcela Aragón, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades, explicó los resultados del estudio:
A continuación reproducimos textualmente el resumen de hallazgos del trabajo tal y como los comunicó la Contraloría:
No se cuenta con Inspección Técnica de Explotación de Obra, exigida en el Contrato de Concesión, lo cual implica una clara dependencia en los servicios de supervisión contratados externamente, sin mediar una contraparte técnica propia de la Administración.
La Administración Concedente no acreditó contar con una serie de documentos técnicos necesarios para verificar y garantizar la adecuada condición (grado de deterioro) y funcionamiento de la obras que componen la carretera.
La Administración no acreditó contar con una planificación formalmente aprobada, con plazos máximos, responsables y sustentada en las necesidades de movilidad y circulación reales de cada tramo de carretera, para resolver el nivel de saturación que presenta actualmente la carretera.
Existen al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del Concesionario, relacionadas con deterioros en las obras concesionadas, correspondientes al período de 2018 a 2023, que a la fecha no han sido resueltas, lo cual pone en riesgo la aplicación efectiva de la potestad sancionatoria encomendada contractual y legalmente a la Administración.
La Administración Concedente desconoce si existen metodologías más eficientes y a un menor costo que la utilizada desde 2014, para realizar el control de los ingresos de peaje de la concesión.
Sobre la gestión de la información se determinó que la Administración Concedente no ha garantizado el acceso, actualización y respaldo de la información generada durante la ejecución del contrato de concesión, lo cual perjudica el ejercicio de sus funciones de control.
