Actualizado. El Gobierno mintió por enésima vez al afirmar que el proyecto para la modernización de puerto Caldera se debe a un retraso de la Contraloría General de la República, una constante en los discursos que emite el presidente Rodrigo Chaves cuando se refiere a la Contraloría, la Sala Constitucional, las entidades del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

La Contraloría deja claro y de manera contundente que Rodrigo Chaves miente, porque esa institución no tiene “ningún trámite pendiente de atender en relación al proyecto”.

Sin embargo, esta tarde en Puerto Caldera el Incop insistió en las falsas acusaciones, al aseverar que la “modernización de Puerto Caldera se ha llevado adelante con responsabilidad, transparencia y el respaldo técnico de la International Finance Corporation (IFC), organismo del Banco Mundial, a pesar de los continuos atrasos derivados de las exigencias de la Contraloría General de la República (CGR)”.

Explica la Contraloría que el proyecto es de total responsabilidad del Instituto Costarricense de Puertos del Pacíficos -INCOP- y de eso depende su gestión y éxito, porque el último trámite de objeciones fue resuelto el pasado 05 de agosto del mes pasado. Insiste, además, en recordarle al Incop que no puede brincarse la Ley, así que si tiene retrasos por incumplimientos de ley, debe resolver según la legalidad.

“Coincidimos con la necesidad de hacer eficiente el trámite de la licitación, lo cual corresponde al INCOP, para garantizar una amplia participación de oferentes en beneficio de la prestación del servicio -sic-“, asevera la institución encargada de controlar y prevenir la corrupción en la contratación pública.

¿Por qué Chaves y su Gobierno entonces vuelven a culpar al órgano contralor, aunque es evidente que no existe nada para indicar que haya un retraso? Parece ser que la razón es clara: porque sus seguidores le creen todos los estribillos que repite una y otra vez en sus actos de proselitismo político.

“En este proceso las empresas que desean ser contratadas han presentado una cantidad importante de reparos u objeciones al pliego de condiciones (elaborado por el INCOP) estando en su derecho y los cuales por ley, deben ser atendidos por la Contraloría en plazos predefinidos -sic-“, agrega un comunicado de la Contraloría.

Según el Incop, tuvo que presentar cinco versiones del cartel de licitación: 30 de octubre de 2024; 17 de marzo, 8 de abril y 24 de junio de 2025; y la más reciente, el 23 de septiembre de 2025. La Contraloría recordó que la elaboración correcta de los carteles es responsabilidad de la institución que contrata, no del órgano contralor.

En el comunicado del Ejecutivo, el INCOP “destaca que las requerimientos de la Contraloría han representado exigencias repetitivas y ajustes que no han aportado mejoras sustanciales al proyecto, pero sí han generado constantes retrasos sic-“.

Pero la Contraloría desmiente y explica: “las tres rondas de objeciones que se han atendido giraron en torno a que el INCOP no ha logrado consolidar un pliego de condiciones, omitiendo aspectos tan básicos como por ejemplo, el suministro de energía para la nueva terminal del Puerto“. ¿No son ajustes importantes los que establecen cómo se realizará el suministro de energía? Evidentemente, el relato del Incop no se sostiene.

“La Contraloría no atrasa; desde julio del 2020 advirtió al INCOP que ante el vencimiento de los actuales contratos de concesión del Puerto (2026) procedía la licitación y fue hasta octubre del 2024 que se inició con ese proceso”, finaliza el comunicado de la Contraloría.