El Ejecutivo presume avance de un puente que se realizan en Sarapiquí, como parte del fondo PROERI, una deuda adquirida por el Estado costarricense para construir obras públicas que son parte de una lista de emergencia.

El fondo fue aprobado por los y las diputadas, después de exigir mayores controles, porque el Gobierno pretendía que la Contraloría no pudiera fiscalizar esas contrataciones millonarias, una evidente forma de abrirle las puertas a la corrupción con contrataciones a dedo, amañadas y con pagos de dádivas a políticos con poder de decisión.

Hoy la Comisión Nacional de Emergencias, fiel a la tendencia en todas las entidades del actual Gobierno, dio a conocer el avance de una obra que entraría a funcionar hasta diciembre y anunció el inicio de otras 5 para octubre. Sin embargo, la CNE lo informó como el avance de “seis puentes de PROERI en Sarapiquí”.

Según el comunicado de la institución, “los otros cinco puentes se ubican en el distrito de La Virgen en el cantón de Sarapiquí. Se trata de los puentes sobre la quebrada Roque cuyo inicio de obras se proyecta para octubre, el puente sobre el río Bijagual que se espera inicie obras físicas en noviembre, así como el puente sobre el río San Ramón que se encuentra en la etapa final de diseños. Los puentes sobre quebrada Plana y río Mojón recientemente se adjudicaron y ya se trabaja de lleno para prontamente iniciar su construcción.

El jerarca de la CNE, Alejandro Picado, informó que el puente más avanzado es el de San Ramoncito, que estaría concluido a inicios de diciembre.

La costumbre de presumir obras sin que hayan acabado es parte de la estrategia de comunicación que saca provecho de cualquier obra menor o sin concluir para hacer proselitismo político a la administración Chaves Robles. Esa costumbre se hace acompañar también de actos proselitistas al realizar actos para el inicio de obras que, incluso, en algunos casos tienen pendientes requisitos.

Contraloría emitió alertas de posible corrupción sobre PROERI

El fondo PROERI es una deuda por USD 700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El PROERI maneja ese crédito para construir obras de infraestructura pública por emergencias climáticas o que se consideran de “riesgo inminente” en 66 cantones del país. En setiembre del año anterior, Culturacr.net informó que casi 300 obras de ese programa serán contratadas con normas del BCIE y no del Sicop.

Según descubrió un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en febrero pasado, hay “356 que reportan avance físico a pesar de encontrarse en etapas previas a la ejecución”. Es decir, los administradores están informando de avances en las obras que no se están dando en la realidad, posiblemente con propósitos electorales o populistas.

Además, hay “41 que no han iniciado ejecución pese a tener una orden de inicio”, donde se reportan atrasos en la ejecución y, también, hay “56 proyectos con inconsistencias en su ubicación o viabilidad”. Eso genera serios riesgos de ejecución que podrían invalidar el cumplimiento del trabajo.

Ahora bien, la Contraloría también encontró que “inconsistencias en la definición de roles y responsabilidades dentro del PROERI”, así como “debilidades en el control de los proyectos catalogados como “peligro inminente”.

Una situación muy grave que puede dejar puertas abiertas a la corrupción, que el informe revela, es la “falta de mecanismos claros para la gestión de pagos”.

La auditoría también reporta “debilidades en la definición del portafolio de proyectos”.