La Contraloría emite alertas sobre PROERI, el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), el cual se financia mediante un crédito externo de USD 700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el órgano contralor los controles sobre este crédito presentan serias deficiencias con solamente su inicio de operación, lo que evidentemente preocupa porque estaría abriendo una veta para la corrupción.
El PROERI maneja ese crédito para construir obras de infraestructura pública por emergencias climáticas o que se consideran de “riesgo inminente” en 66 cantones del país. En setiembre del año anterior, Culturacr.net informó que casi 300 obras de ese programa serán contratadas con normas del BCIE y no del Sicop.
La primera alerta al respecto que descubrió un informe de auditoría de la Contraloría, indica que “356 reportan avance físico a pesar de encontrarse en etapas previas a la ejecución”. Es decir, los administradores están informando de avances en las obras que no se están dando en la realidad, posiblemente con propósito electorales o populistas.
Además, hay “41 que no han iniciado ejecución pese a tener una orden de inicio”, donde se reportan atrasos en la ejecución y, también, hay “56 proyectos con inconsistencias en su ubicación o viabilidad”. Eso genera serios riesgos de ejecución que podrían invalidar el cumplimiento del trabajo.
Ahora bien, la Contraloría también encontró que “inconsistencias en la definición de roles y responsabilidades dentro del PROERI”, así como “debilidades en el control de los proyectos catalogados como “peligro inminente”.
Una situación muy grave que puede dejar puertas abiertas a la corrupción, que el informe revela, es la “falta de mecanismos claros para la gestión de pagos”.
La auditoría también reporta “debilidades en la definición del portafolio de proyectos”.
Todos esos serios problemas fueron expuestos hoy por Marta Acosta, Contralora General de la República, en la Comisión de Asuntos Hacendarios:
Usted puede descargar y revisar el informe completo de la Contraloría en este enlace.
Cinco días atrás, el presidente de la Comisión de Emergencias, Alejandro Picado, dijo a la diputada Pilar Cisneros que algunas empresas se coludieron para fijar sobreprecios en la construcción de 5 centros educativos. Sin embargo, hoy Picado se desmintió y reconoció que su respuesta fue equivocada, porque no tiene pruebas de lo afirmado.
Picado además dijo hoy que PROERI se apega a las normas de contratación que establece el Banco Centroamericano de Integración Económica, unas normas que ya han sido cuestionadas por el manejo de fondos hacia Casa Presidencial y el Sinart para la propaganda política del Gobierno Chaves Robles.
En el video, Picado acepta el error:
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