Radio Zurquí y Redacción CCR | La Contraloría desmiente a Trivisión acerca de una serie de afirmaciones falsas e inexactas que realizó en una noticia sobre un contrato del INS por el que fue suspendida la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón.

La Contraloría General de la República (CGR), liderada por Marta Acosta, emitió una contundente aclaración en respuesta a una serie de afirmaciones falsas difundidas por el canal Trivisión y su periodista José Luis Rodríguez, rostro habitual del aparato de propaganda al servicio del oficialismo presidencial.

Según Trivisión, sin obtener la versión de la Contraloría y siguiendo la narrativa de Gobierno, se dio una supuesta omisión del órgano contralor respecto a un contrato del Instituto Nacional de Seguros (INS) e insinúa un conflicto de interés en la gestión de una denuncia por la que fue suspendida sin goce de salario la presidenta ejecutiva del INS.

La contralora Marta Acosta no solo negó categóricamente estos señalamientos, sino que, con total claridad jurídica, expuso la falsedad de cada afirmación. A continuación, los principales puntos aclarados por la CGR:

El contrato no requería refrendo de la CGR

La CGR explicó que el contrato mencionado con un abogado externo fue autorizado directamente por el INS, sin necesidad de refrendo por parte de la Contraloría, tal como lo establece la normativa vigente. Por tanto, es absolutamente falso que la CGR haya avalado, permitido o callado ante dicha contratación, como insinuó de forma maliciosa José Luis Rodríguez.

Investigación en curso, bajo reserva de ley

Contrario a lo que sugirió el reportaje, la CGR confirmó que desde junio de 2024 mantiene abierta una investigación relacionada con este caso. La institución recordó que, por mandato legal, no puede compartir detalles ni brindar acceso a expedientes en trámite, lo cual desmiente por completo la versión de Trivisión de que la Contraloría “no ha hecho nada”.

Diferencias internas del INS no competen a la CGR

Las divergencias entre la auditoría interna y autoridades del INS sobre la contratación de un profesional externo no implican injerencia directa de la CGR, pues no está dentro de sus competencias intervenir en esas decisiones administrativas. Una vez más, Trivisión miente deliberadamente al intentar involucrar a la Contraloría en un proceso donde legalmente no corresponde.

La denuncia no fue manejada por la Contralora

El reportaje insinúa un conflicto de interés en la atención de una denuncia por un supuesto vínculo familiar. Sin embargo, la Unidad de Denuncias Ciudadanas, y no el despacho de la contralora, es la oficina encargada de esos trámites. Además, no existe ninguna relación jerárquica ni funcional que justifique dicha acusación.

Relación conyugal no es impedimento legal

La CGR también aclara que el vínculo conyugal citado por Trivisión no está prohibido ni en la anterior Ley de Contratación Administrativa ni en la actual Ley General de Contratación Pública, por lo que resulta absolutamente infundado sostener que existía un impedimento legal en la contratación cuestionada.

Suspendida sin goce de salario

La suspensión de la nueva jerarca del INS se realizó a raíz de un procedimiento que había sido informado desde el 11 de setiembre del año anterior, informó la Contraloría General de la República, a raíz de declaraciones que realizó del presidente Rodrigo Chaves en su conferencia de propaganda política.

“Las personas investigadas en ese procedimiento administrativo tienen conocimiento del mismo desde el acto de apertura, que fue del 24 de agosto del 2023, y a la Presidenta Ejecutiva se le notificó el 11 de setiembre del 2023”, comunicó el órgano contralor mediante un comunicado.

El presidente Chaves afirmó que la Contraloría había suspendido a la nueva presidenta del INS recién nombrada como “una sacada de clavo” por su implicación con otros procesos, pero el ente contralor rechaza de manera contundente esa afirmación del gobernante.

La Contraloría dejó que claro que “al momento de su nombramiento en dicho puesto ella tenía pleno conocimiento de este procedimiento administrativo, por lo que no es atribuible a la CGR que dicha resolución final del procedimiento se dicte cuando ella se encontrara ejerciendo ese puesto”.

“La División Jurídica de la CGR aclara, sobre el caso del procedimiento administrativo en el que se encuentra involucrada la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, que la resolución de dicho procedimiento administrativo fue notificada ayer, las partes están en plazo para impugnar y en este momento corre el plazo de 5 días para dicha vía recursiva”, agrega la entidad fiscalizadora del Gobierno.