Costa Rica lleva siete semanas recibiendo vuelos con migrantes deportados por Estados Unidos, como parte de un acuerdo bilateral firmado el 23 de marzo pasado, en el gobierno de Rodrigo Chaves, que la nueva administración de Laura Fernández mantiene vigente.

El quinto vuelo llegó el pasado jueves con 15 personas de seis nacionalidades, como parte del acuerdo bilateral suscrito entre ambos países para atender este tipo de traslados. En total, desde el 11 de abril, Costa Rica ha recibido a más de 100 personas de decenas de países: China, India, Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala, Uzbekistán, Senegal, Kirguistán y otros.

El acuerdo permite vuelos semanales de hasta 25 personas, y los migrantes reciben atención humanitaria inicial, opciones de retorno voluntario asistido o posibilidad de regularizar su situación en Costa Rica bajo criterios humanitarios.

Colegio de Médicos alerta sobre control de migrantes deportados por Estados Unidos

El Colegio de Médicos y Cirujanos hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades sanitarias para fortalecer los controles epidemiológicos y la coordinación interinstitucional ante el flujo constante de personas deportadas, argumentando que el movimiento de población entre países obliga a reforzar los mecanismos de monitoreo, prevención y atención sanitaria, especialmente ante brotes de enfermedades transmisibles como el sarampión. La institución consideró que el Ministerio de Salud debería asumir un control más directo sobre estos procesos migratorios.

Salud rechazó las declaraciones del Colegio por considerarlas incorrectas y generadoras de alarma innecesaria. El Ministerio explicó que participa de manera activa en una mesa técnica interinstitucional liderada por la Dirección General de Migración y Extranjería, desde el despacho del Viceministro de Gobernación, en la que también están la Caja Costarricense de Seguro Social, la Cruz Roja Costarricense, el PANI, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y otras entidades según cada caso. Cada vuelo cuenta con la presencia inmediata de la Cruz Roja como primer respondedor en salud, con capacidad para valoraciones médicas o traslados urgentes en el acto.

El memorando de entendimiento firmado el 23 de marzo establece la transferencia de extranjeros que no son ciudadanos estadounidenses en vuelos de hasta 25 pasajeros cada semana, y estipula que los migrantes permanecerán bajo condición legal temporal mientras se resuelve su situación.

La Defensoría de los Habitantes confirmó que el mecanismo bilateral tiene como finalidad garantizar atención médica, protección de derechos y opción de retorno seguro. Indican que no se trata de deportaciones “hacia la calle”: las personas tienen acceso a traductores, revisión médica, hospedaje y alimentación durante los primeros siete días, y opciones claras sobre su situación legal.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) juega un papel central en el andamiaje sanitario que el Colegio de Médicos cuestionó. El Ministerio de Salud señaló que es la OIM quien brinda atención médica durante la permanencia de estas personas en el país, con personal médico permanente, protocolos de atención y vigilancia epidemiológica establecidos, en coordinación con el Ministerio y la CCSS.

Adicionalmente, el Ministerio recibe información anticipada sobre cada vuelo, lo que le permite emitir recomendaciones técnicas antes de cada llegada.

Señaló que “resulta preocupante que se emitan declaraciones públicas sin acudir previamente a los canales oficiales de comunicación y coordinación existentes entre las instituciones involucradas”, y recordó al Colegio de Médicos que existe comunicación directa y permanente entre ambas instituciones para aclarar dudas y verificar información.

Derechos humanos en juego

El debate tiene un componente de derechos humanos que no puede ignorarse. Las personas que llegan en estos vuelos no viajan por elección: son migrantes interceptados en Estados Unidos durante la ola de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump, muchos de ellos de países lejanos como China, Uzbekistán, Kirguistán o Senegal, que ahora deben resolver su situación en un tercer país.

Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a los ciudadanos de varios países como Albania, Camerún, China, India, Kenia y Marruecos, y en el caso de Honduras se eximió del requisito de antecedentes policiales, como parte del acuerdo de cooperación migratoria. Son personas en situación de vulnerabilidad extrema, y el debate sobre controles sanitarios, aunque legítimo, no puede desvincularse de la obligación de garantizarles trato digno.

El punto de fondo es que Costa Rica tiene una larga tradición de protección de derechos humanos y apertura humanitaria que este programa busca mantener, y que las críticas —por válidas que sean— deberían canalizarse en la mesa técnica, no ante las cámaras.

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Esta noticia se creó con información del Ministerio de Salud y Colegio de Médicos, con asistencia de Claude y escritura final de Culturacr.net.