Coopesalud denuncia a jerarca de costos de la CCCSS porque considera que el funcionario dio datos falsos sobre los sobreprecios en la contratación de los Ebáis que se investigan por el Caso Barrenador.

Según el abogado de dicha cooperativa, el jefe de Contabilidad de Costos de la institución porque “hemos detectado la inclusión de hechos falsos” que habría hecho incurrir en error al Ministerio Público, cuando se afirmó que había un sobreprecio por aproximadamente 12 mil millones de colones en la contratación de esa cooperativa y otras empresas para dotar de servicios a 10 Áreas de Salud y 138 Ebais de la CCSS.

Según Coopesalud, el documento denominado “Estudio de Razonabilidad De Precios”, elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, a cargo de la funcionaria Azyhadee Picado Vidaúrre, “incluyó información falsa por parte de funcionarios públicos que ha generado una afectación directa sobre el proceso”.

Esa supuesta información falsa “se habría dado con la intención de simular un sobreprecio en los servicios de nuestra cooperativa, ocultando información que le permitiría a la CCSS un ahorro millonario y garantizar la continuidad de un servicio de la más alta calidad a los asegurados”, según un comunicado enviado por Coopesalud esta mañana.

Según la cooperativa de salud, la señora Picado Vidaúrre “inserta hechos falsos de manera que influye en la generación de un falso sobreprecio”. En consecuencia, “en las tablas de costos ignora y omite los ahorros para la Caja de ¢42 mil millones en 10 años solo en salarios y hasta ¢50 mil millones en ese mismo periodo de forma global”.

La denuncia fue presenta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el delito de “Influencia en contra de la Hacienda Pública”.

“Evitar este ahorro e insertar información falsa en un documento público para simular un sobreprecio inexistente que induce a error a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la opinión pública, claramente contraviene los principios de interés público, probidad y sana administración”, agrega el comunicado de Coopesalud.

“El daño que se ha hecho al proceso de adjudicación no solo afecta a las cooperativas, sino que impacta directamente en la seguridad jurídica y la continuidad del servicio para más de 587 mil personas”, finaliza la comunicación.

Según un cuadro elaborado por Coopesalud, la distorsión sería la siguiente:

El abogado de la empresa cooperativa se manifestó en resumen sobre esta denuncia judicial: