Expertos del tema ambiental coinciden en que opera un debilitamiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que incluye reducción de personal, presupuesto y de recursos para su correcta operación en la protección de los recursos naturales protegidos.

El Sinac administra 152 áreas protegidas que representan el 25,46% del territorio terrestre y el 30.3% del espacio marino. No obstante, éstas son gestionadas directamente por solo 517 personas. Es decir, cada funcionario debe velar por 347 km2 aproximadamente, según datos de la institución.

Laura Pacheco, directora del Centro Científico Tropical aporta datos alarmantes: entre los años 20 y 21 la superficie protegida aumentó en un 524%, mientras el presupuesto institucional disminuyó en un 37%, de manera que las horas destinadas a control y protección disminuyeron en un 70,2%.

Además, entre el 2020 y el 2023, la planilla del Sinac disminuyó en un 6% y el presupuesto institucional continúa disminuyendo: presenta al 2024 una reducción del 42% con respecto al 2020.

También destaca la enorme visitación turística a las áreas de conservación, que al 2023 alcanzó 465 mil visitantes adicionales.

Esos datos fueron presentados en un foro organizado por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz y el Centro Científico Tropical (CCT) en la Asamblea Legislativa.

Por esas razones, no es de extrañar que diarios internacionales como el New York Times, El Periódico de España o incluso la CNN resalten que el narcotráfico se está apoderando de esos territorios protegidos para los costarricenses, el turismo y la conservación ambiental.

“En la actualidad, en el SINAC persisten deficiencias ya señaladas desde el 2014 por la Contraloría General de la República (CGR). Por ejemplo, una tercera parte de las ASP todavía carecen de planes de manejo, que son los instrumentos de planificación que orientan su gestión para cumplir con sus objetivos de conservación, esto pese a que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente le exige al MINAE este tipo de instrumentos”, reveló Pacheco.

El viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, reconoció la crisis del Sinac: “Uno es crítico y no podemos tapar el sol con un dedo. Hay necesidad en la dotación de recurso humano para el SINAC. No solamente es una cantidad de recursos limitados sino también hay una mayor responsabilidad al existir una mayor cantidad de área protegida. Los compañeros en las áreas de conservación nos dicen, de forma muy coloquial, tenemos el rancho ardiendo y no tenemos la respuesta dentro del Sistema para atender esa particularidad”, aseveró Rodríguez.

“Retomar los vínculos entre el sector público, académico, ONGs y demás aliados es un llamado urgente ante el riesgo de incumplir con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de sus áreas silvestres. Repensar el SINAC, su modelo de financiamiento y de gestión, así como su gobernanza y marco legal, es la tarea que nos corresponde en aras de contar con la institucionalidad que necesita nuestro espacio terrestre y marino protegido”, propuso la directora del CCT.

Para Carlos Hernández, director del Sistema de Reservas Privadas del CCT, “en Costa Rica nos dimos cuenta de que, con solo las áreas protegidas, no íbamos a alcanzar las metas de conservación. De ahí la necesidad de que afuera de esas áreas hubiera también gestión de la conservación. Por ejemplo, los corredores biológicos surgieron como formas de gestión con la gente para la protección de los recursos naturales. Esto no lo puede hacer solo el SINAC, por eso es importante la atracción de alianzas público-privadas para su articulación”.

El viceministro Rodríguez, por su parte, afirma que “está trabajando por atraer recursos de las finanzas climáticas que beneficiaria sustancialmente al SINAC. Agregó que entre $4 y $5 millones se están ejecutando actualmente provenientes del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas. Además del compromiso del Banco Mundial por aportar $25 millones hasta el 2026 como pago por reducción de emisiones de dióxido de carbono”.

“El problema empieza cuando las decisiones técnicas, comienzan a tomarse con una injerencia de agendas personales en esos cuerpos que la legislación creó. Y ahí es donde se nos hizo un arroz con mango”, alertó Miguel Madrigal, presidente de la Asociación de Guardaparques Pensionados.