Al menos 3 de 7 fincas que realizan “desarrollos” en el Paso de la Danta y Fila Costeña siguen realizando destrucción ambiental por encima de la Ley y las instituciones del Estado son incapaces de enfrentar el problema con fuerza y decisión.

Una investigación de la Contraloría General de la República encontró que las irregularidades en esa zona no solamente fueron comprobadas, sino que se siguen cometiendo a vista y paciencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y de la Municipalidad de Osa.

En este caso, además, se sospecha de presunto tráfico de influencias, porque una de las personas implicadas apareció como donante o financista de la campaña de Rodrigo Chaves en la elección de 2022. Eso, además de que ese gobierno y el actual han demostrado no tener interés en la protección ambiental, cuando se trata de impulsar grandes negocios inmobiliarios, como sucede con Playa Panamá, con Gandoca-Manzanillo y ahora con la Fila Costeña y Paso de la Danta, territorio este que uno de los promotores definió como “el nuevo Tamarindo”, Guanacaste.

Primera orden: muchas irregularidades y falta de control de Sinac, municipalidades y otras entidades

La institución emitió dos órdenes, una fechada en mayo de 2026 y la otra ayer 14 de julio, donde exige a varias instituciones actuar ante el irrespeto a la Ley que se realiza en estas fincas que se encuentra en el Corredor Biológico Paso de la Danta y la Fila Costeña en el cantón de Osa, con un gran daño ambiental a los ecosistemas en una zona sensible.

En la primera orden, la Contraloría descubrió obras que se realizaban sin permisos, como fueron denunciadas por organizaciones ambientales y la misma comunidad, además de otras debilidades cuando se otorgaron permisos por parte de SINAC, la Dirección de Aguas y 6 municipalidades de la región.

La Contraloría encontró que existen planes estratégicos y de gestión (2018–2025 y 2018–2023), pero ya están vencidos, lo que genera un vacío en la planificación. Pese a eso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó 259 viabilidades ambientales en 2024–2025, pero no hay normativa específica que regule los corredores biológicos.

La Municipalidad de Osa y otras municipalidades reconocen limitaciones técnicas y legales para evaluar fragilidad ambiental y carecen de planes reguladores completos. El estudio detectó un patrón de debilidad institucional en las municipalidades (Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú) respecto a planes reguladores y gestión ambiental. La pregunta que surge es si ¿se trata de una debilidad intencional para dejar que los desarrollos avancen destruyendo el ambiental, pero generando actividad económica, o se trata de incapacidad material real?

La Contraloría emitió las siguientes órdenes en ese primer documento:

Órdenes emitidas por la Contraloría ➡ Actualización de planes de gestión y reguladores Se ordena a las municipalidades involucradas (Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú) iniciar procesos para actualizar o elaborar planes reguladores que incluyan al Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) y la Fila Costeña. Estos planes deben integrar la variable ambiental y considerar los Elementos Focales de Manejo (EFM) del corredor. ➡ Fortalecimiento de competencias municipales Las municipalidades deben implementar programas de capacitación y educación ambiental para funcionarios encargados de permisos de construcción. Se busca que los trámites incluyan inspecciones de campo, revisión de planos catastrales y consulta a entidades competentes (SINAC, Dirección de Agua, SETENA). ➡ Integración de la variable ambiental en permisos de construcción Se ordena que los gobiernos locales incorporen procedimientos formales para verificar la existencia de Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF) y sitios de importancia ambiental antes de otorgar permisos. En caso de duda razonable, se debe aplicar el principio precautorio y consultar a las autoridades ambientales. ➡ Coordinación interinstitucional Las municipalidades deben establecer mecanismos de coordinación con el SINAC, Dirección de Agua y SETENA para garantizar que los proyectos en el CBPD no comprometan la conectividad ecológica. Seguimiento y control ➡ Se ordena a la Contraloría dar seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones. Las municipalidades deberán informar periódicamente sobre avances en la implementación de planes, programas de capacitación y procedimientos ambientales.

Segunda orden: violación a primer mandato de la Contraloría

La segunda orden, emitida ayer al Sinac y la Municipalidad de Osa, surgió porque la Contraloría encontró que “tres de las siete fincas denunciadas presentan un eventual desarrollo de movimientos de tierra, tala de árboles, apertura de accesos vehiculares y desarrollo constructivo sin los permisos correspondientes de la Municipalidad, SETENA y SINAC, lo que vulnera el principio de legalidad, compromete los ecosistemas del Corredor Biológico Paso de la Danta y eleva el riesgo de afectación sobre el recurso hídrico (sic)”, según plantea la entidad contralora.

El MINAE, SINAC y Dirección de Agua tienen competencias en conservación y gestión de recursos naturales, pero las municipalidades también tienen deber de tutela ambiental, afirma la Contraloría.

Es decir, las empresas que están en esas fincas siguen realizando destrucción ambiental, aunque no tienen permisos, en una violación de la orden que emitió en mayo pasado la Contraloría.

El órgano contralor usó imágenes satelitales, donde se muestran cambios de uso de suelo y afectaciones en cobertura boscosa y recursos hídricos, por esa razón determinó una acción inmediata.

Así las cosas, la Contraloría emitió una nueva orden vinculante:

Órdenes emitidas La Contraloría ordena al SINAC y a la Municipalidad de Osa: ➡ Revisar integralmente los casos de las fincas señaladas. ➡ Realizar verificaciones de campo y documentales. ➡ Aplicar medidas correctivas y sancionatorias si se comprueban incumplimientos. ➡ Informar a la Contraloría antes del 18 de septiembre de 2026 sobre las acciones realizadas. Se advierte que el incumplimiento de estas órdenes puede derivar en sanciones graves, incluyendo suspensión o destitución de funcionarios responsables.

La enorme problemática en la Fila Costeña y Paso de la Danta

En mayo de 2025, Culturacr.net publicó un reportaje sobre la situación en esa zona y cómo lo que se descubrió en Portalón apenas era la punta del témpano de hielo, frente a una situación de destrucción ambiental en toda la zona. El 9 de mayo de ese año, los trabajos en Portalón habían sido detenidos por orden legal.

El Corredor Biológico Paso la Danta, donde está Portalón es solamente la punta del iceberg acerca del problema de la falta de regulación y supervisión del estado en proyectos inmobiliarios en la Fila Costeña.

Ya en setiembre del año 2008, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica había pedido controlar el desarrollo inmobiliario y turístico de la zona sur, empezando por la Fila Costeña, un sistema montañoso secundario que se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur.

El paso la Danta es una zona que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa.

Como denuncian la comunidad y organizaciones ambientales, así como la misma Universidad de Costa Rica, “estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales”.

La situación es tan grave y creciente en los últimos tiempos, que tanto las comunidades implicadas como la UCR están pidiendo una moratoria en la concesión de permisos de construcción en el área protegida, mientras se realiza uno o varios estudios que permitan una visión amplia y clara de lo que sucede, para evitar más destrucción ambiental…

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