La fracción legislativa del Frente Amplio y cuatro sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) declararon este jueves su oposición frontal a la privatización eléctrica, contenida en el proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente 23.414, que la presidenta Laura Fernández convocó a sesiones extraordinarias.

El proyecto, presentado originalmente por la administración Rodrigo Chaves en octubre de 2022 y que no logró aprobarse entre 2022 y 2026, retoma impulso con respaldo del sector empresarial —encabezado por la UCCAEP— y del oficialismo, pero enfrenta una oposición organizada que lo califica sin rodeos como una privatización disfrazada de modernización.

El Frente Amplio asegura que la iniciativa abriría la puerta a aumentos en las tarifas eléctricas y pondría en riesgo la estabilidad del servicio en Costa Rica, y cuestiona que la propuesta cree un nuevo ente denominado ECOSEN, que asumiría funciones de operación y administración del sistema eléctrico nacional, actualmente bajo control del ICE. Para la fracción, el nombre del proyecto es engañoso: debería llamarse “ley de privatización”, porque le quita al ICE el control técnico del sistema eléctrico nacional.

El argumento central de los opositores es que el modelo actual no está roto. Costa Rica tiene una de las tarifas residenciales más bajas de la región —$0.180 por kilovatio-hora— frente a mercados ya liberalizados como Guatemala ($0.296) o El Salvador ($0.224). Expertos en el sector eléctrico, diputados y sindicatos explican que las tarifas de electricidad aumentarán, mientras que los generadores privados y las industrias aseguran que bajarán porque habrá más competencia en el mercado de generación.

El proyecto crea además el ECOSEN, al que el Frente Amplio atribuye un costo de construcción superior a los $100 millones en nuevo centro de control operativo que pagarán los usuarios sin generar un solo vatio de energía.

Los sindicatos ACOTEL, SIPROCEICE, SITET y ANTTEC argumentan que el proyecto no armoniza el sector sino que armoniza los intereses económicos privados de grandes consumidores y generadores privados para que maximicen sus ganancias, excluyendo del servicio público la generación y la comercialización de la electricidad en el país.

Uno de los puntos más graves para el bolsillo de las familias es el mecanismo de exportación: la propuesta permite que empresas privadas exporten energía y retengan el 100% de la ganancia, lo que vaciaría el fondo de Costo Variable de Generación que hoy financia rebajas tarifarias para los usuarios residenciales.

El proyecto reforma toda la estructura actual de dirección, operación, funcionamiento y planificación del Sistema Eléctrico Nacional, y establece que los responsables de la dirección serán el MINAE, la ARESEP y el nuevo ECOSEN.

Para los críticos, esto representa además un riesgo institucional: pasar el control técnico del sistema de una entidad especializada a un ente con cúpula de designación política abre la puerta a decisiones de despacho de energía que no necesariamente favorezcan al menor costo.

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El debate no es nuevo ni menor. Se votaron más de 700 mociones de fondo en la Comisión Especial del Sector Energético antes de que el texto llegara al plenario para su discusión final.

La experiencia regional alimenta la cautela: países como Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador y México adoptaron modelos de liberalización eléctrica desde los años ochenta y noventa con resultados que incluyen concentración empresarial, tarifas elevadas, pérdida de control estatal y apagones.

Costa Rica, mientras tanto, construyó cobertura casi universal, planificación de largo plazo y una matriz energética mayoritariamente renovable bajo el modelo público. La pregunta que pone sobre la mesa este debate es si vale la pena cambiar ese modelo y a qué costo para las familias costarricenses.