En el año 2022 el Instituto Nacional de las Mujeres -Inamu- empezó una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres llamada “Puntos Violeta” que, según la denuncia de un grupo de organizaciones, no ha tenido ninguna incidencia o impacto en la realidad del problema.

Mediante una carta abierta a la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, y con base en una auditoría interna del Inamu, este grupo de mujeres acusa incumplimiento de deberes, así como mal uso y supervision deficiente de los recursos públicos en la institución.

El informe de la Auditoría Interna (AI) del INAMU (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA NRO. 2024XE- 000001-0015800001 sobre el proyecto Puntos Violeta), revela que además de no tener éxito, este programa resulta muy caro para la hacienda pública y “debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención”.

“Además de no cumplir con las obligaciones contravencionales y de la normativa nacional, esta “estrategia” – a partir del informe de la AI – parece presentar importantes vicios de legalidad y aparentes serias afectaciones a la hacienda pública”, indican las denunciantes.

Entre los años 2022-2024, los femicidios de pareja aumentaron en más de un 100%.  En lo que va del año 2025, se registran 18 femicidios. Poco menos que un femicidio por semana.

En el esquema se puede visualizar el análisis que realizan las denunciantes sobre la situación:

Solicitan investigación y sentar responsabilidades

Denuncian la Red Feminista contra la Violencia hacia las mujeres, el Colectivo Mujeres por Costa Rica, CEFEMINA, Alianza de Mujeres Costarricenses y ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad).

Estas entidades están solicitando a la Contraloría y Fiscalía “apertura de un proceso administrativo directo e independiente de la AI del INAMU para Identificar las responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe”, así como “una investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio”.

También se pide “realizar una auditoría de la inversión del INAMU en materia de publicidad institucional en relación con esta “estrategia” desde el punto de vista de la racionalidad del gasto en relación con los resultados” y, en consecuencia, “valorar la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo la pertinencia y viabilidad de la rescisión de dichos contratos”.

La empresa que firma los contratos, denominada Psicomed S.A., podría también ser investigada por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que se pide también valorar esa posibilidad y finalmente se solicita “valorar lo señalado a la luz de la existencia de otras faltas administrativas o delitos contra la hacienda pública, ley de control interno, entre otros.”

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