La Fiscalía Anticorrupción realizó esta mañana 22 allanamientos por presunta desviación de casi $40 millones hacia la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber de Liberia con la empresa MECO.

El ministro del MOPT, Mauricio Batalla, así como el actual presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, Alejandro Picado, fueron detenidos por esta investigación, así como el caso de dos funcionarios más de apellido Castillo y Villalobos. Los cuatro imputados detenidos serán llevados al Segundo Circuito Judicial de San José para tomar la declaración indagatoria y posteriormente se valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares.

Los 22 allanamientos se realizaron en las casas de habitación de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, y de un hombre de apellido González, funcionario de MECO, quien no fue detenido. Además, en la Dirección General de Aviación Civil (tres puntos), Comisión Nacional de Emergencias (siete puntos) y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (un punto), Constructora MECO (cuatro puntos), uno en Ingeniería Técnica de Proyectos, así como en Ingeniería de Pavimentos.

Corrupción con una declaratoria de emergencia falsa

La Fiscalía argumenta que el trámite se realizó de manera aparentemente corrupta, porque la “contratación fue posible gracias a la declaratoria de emergencia que justificó daños ocasionados por la tormenta tropical Bonnie, lo que permitió la simplificación de trámites y excluir el requisito de refrendo de la CGR; sin embargo, los perjuicios ya existían con anterioridad al fenómeno natural”.

En este caso la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

El fiscal general Carlo Díaz, declaró lo siguiente sobre estos allanamientos:

Dentro de las diligencias ejecutadas en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, se ordenó la detención de los cuatro imputados “quienes, para el período investigado, ocupaban los cargos de ministro de obras públicas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), director de Aviación Civil y jefe de la unidad de fiscalización de obras de la CNE”. 

Según informó la Fiscalía, los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE “se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste”.

El criterio del Ministerio Público en este caso es que “la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales”.  

Ese acto permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A. 

“Cuando se emite una declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR)“, explica la Fiscalía. 

En consecuencia, la Fiscalía detectó incumplimientos contractuales de la empresa “que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación”. 

“Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras“, agrega la FAPTA.

Es así como estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.

“A las personas investigadas se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios”, informa el Ministerio Público.