La diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, fue definitiva en sus apreciaciones de la actuación del Banco Central al solicitar la información confidencial de las operaciones crediticias de los costarricenses: “es vergonzosa y delicada”.
Según la diputada mariachi, la solicitud de información que realizó el Banco Central a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), “tiene ánimo de control e invasión de la privacidad”.
“Si lo que se requiere es información estadística debe hacerse de otra manera y no intimidatoria”, como se realizó en esta oportunidad:
Tanto Daniela Rojas como el jefe de la fracción aliada del oficialismo, Alejandro Pacheco, insistieron que el Banco Central debe responder ante los costarricenses por este intento de incursionar en información sensible de orden crediticio.
Pacheco afirmó que bajo ninguna circunstancia el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe utilizar información “que ponga en peligro la privacidad e intimidad de las personas”.
“La denuncia penal contra la Superintendente de la SUGEF no es de recibo, pues se hace de forma precipitada, mucho antes de que la Procuraduría emitiera su criterio, pero, además con esta denuncia se ataca a quien razonablemente busca proteger el derecho a la intimidad de los deudores”, señaló Pacheco.
“La información solicitada por el BCCR corresponde a datos personales tutelados por el artículo 24 de la Constitución Política (derecho a la intimidad, derecho a la autodeterminación informativa, inviolabilidad de documentos privados), y en la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968. Se trata de datos que son personales, de carácter privado y confidenciales, son datos que no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la SUGEF”, argumentó el diputado del PUSC.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República tiene otro criterio y ante una solicitud de la Sugef, arguyó que el BCCR puede solicitar esa información para fines estadísticos, no así datos concretos de las personas.
Por esta situación los jerarcas del BCCR denunciaron penalmente a Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, por un presunto desacato e incumplimiento de la ley.
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