El Informe Estado de la Educación descubre ante los costarricenses una grave crisis educativa que se confirma en el hecho de que el presupuesto para educación en 2023 ha sido el más bajo en 9 años.
El informe del Programa Estado de la Nación (PEN) afirma que “el debilitamiento en la inversión es una de las tendencias más graves, porque mejorar la calidad del sistema educativo depende tanto de la garantía de los recursos necesarios para superar los rezagos históricos que arrastra el país como de la atención de los desafíos generados por la pandemia”.
“Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el presupuesto asignado para educación en 2023 ha sido el más bajo de los últimos nueve años, lo cual impacta fuertemente en las políticas que buscan la permanencia de poblaciones vulnerables en el sistema educativo, por ejemplo, mediante incentivos como becas, transporte o el servicio de comedor”, comenta Dagoberto Murillo, investigador del PEN.
Según datos obtenidos de la Contraloría General de la República, que aporta el informe, “el monto otorgado al sector educativo este año es de aproximadamente 2.780 millones de colones (6% del PIB), lo cual significa un decrecimiento del 1,2% con respecto al presupuesto inicial del 2022 y un incumplimiento constitucional de invertir el 8% del PIB en educación”.
“En términos reales, la inversión social en educación por habitante cayó un 6,4% en el período 2017-2021. Esto ha impactado los programas de equidad que promueven el acceso y permanencia de la población estudiantil en condición de pobreza en el sistema educativo”, devela el estudio.
“En el 2015, el país invirtió 181 mil millones de colones en programas de equidad; en 2019, alcanzó su punto más alto, 268 mil millones; y, actualmente, el monto estimado es de 197 mil millones. Es decir, en cuatro años estos programas habrían perdido cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo”, puntualiza Murillo.
“Incrementar el acceso y apoyar la permanencia y la graduación de la población en la educación superior requiere de inversión pública suficiente y sostenida, especialmente considerando el apoyo que requiere la población más vulnerable, la cobertura en regiones y la ampliación de la oferta en STEM para cerrar tanto las brechas de género como las que existen con respecto al promedio de los países de la OCDE”, .
Mientras se realizan estos cuestionamientos concretos con datos, la ministra de Educación Ana Katharina Müller salió al paso desestimando esta importante investigación en su novena edición con falacias ad hóminem, es decir, atacando al PEN, sin siquiera leer con atención el informe para buscar soluciones. Pareciera más una respuesta para redes sociales y troles que la de una profesional de la educación en un alto cargo.
El informe ha sido escuchado con seriedad durante décadas y es considerado por parte de los especialistas más serios del país como un insumo valioso en la búsqueda de soluciones.