Redacción. Esta nueva entrega de A ritmo de mariachi con el título “El poder más corrupto” se realiza justamente unos días antes de las elecciones presidenciales en México.

Por esa razón, para el programa ENTRE LÍNEAS de Culturacr.net invitamos al autor de este artículo para analizar la situación política mexicana en la víspera de este proceso electoral que culminará el próximo domingo 2 de junio. El programa se transmite mañana jueves 30 de mayo, a las 6 pm, en directo por Facebook Live de Culturacr.net.

Además, tendremos como invitado especial a un gran conocedor directo de la situación de México: el costarricense William Muñoz Quirós, residente en México, quien es gestor de programas de paz en las diez ciudades más conflictivas de México.

Pero por ahora, este interesante artículo:

El poder más corrupto

Por Habib Succar G. Quizás se sorprenda el titular de esta nota y estés pensando que, el poder más corrupto del aparato del estado moderno, en este caso en México, debe ser el Legislativo o el Ejecutivo Federal… Pero no acertaste.

El más corrupto de los tres poderes

Hace un par de años abordaba este tema de la corrupción institucional y mi dilecto amigo, amplio conocedor y analista profundo de estos temas, el Ing. Clinton Cruickshank, me decía que el poder más corrupto del aparato estatal, entre los tres constitutivos del estado moderno, para él, era sin duda el Poder Judicial. Y luego de un diálogo sesudo al respecto, coincido con Clinton.

Yo le discutí al principio y mis alegatos no fueron suficientes, porque muy fácilmente Clinton me demostró con sólidos argumentos por qué consideraba al Poder Judicial más corrupto que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Y es que hay algo que es muy obvio y que nos lleva más bien a la confusión: el poder Legislativo tiene un ejército de periodistas destacados en su sede, que diariamente informan de todos los acontecimientos que se suscitan entre los parlamentarios(as), incluso sobre algunos temas que no tienen importancia.

Hay un poder en el conjunto de instituciones que conforman el estado moderno, que se caracteriza por su opacidad y que incluso se le conocía como “la torre de marfil”.

El Poder Legislativo es, sin lugar a duda, el más escrutado por el ojo público, gracias a esa labor de la prensa. El Poder Ejecutivo también, tiene algunos periodistas encargados “de cubrir la fuente” y reportar las incidencias de mayor relevancia del acontecer político en el aparato Ejecutivo, pero quizás hay un detalle que explica en parte la diferencia de coberturas: el Poder Ejecutivo está constituido por una gran cantidad de ministerios (o secretarías) e instituciones adscritas, y sería realmente muy oneroso destacar un periodista por cada ministerio o institución, algo que sí sucede con el Poder Legislativo, que está todo concentrado en un edificio central.

Por otra parte, todo el acontecer del Poder Legislativo es público, y hasta se transmite por “la televisora de la Asamblea (o el Congreso)”, tanto en sus reuniones de comisiones como en el plenario, y además, las actas de todas las reuniones, de comisiones o plenarias, son de fácil acceso y cualquier ciudadano puede desde la comodidad de su hogar, acceder a la página web legislativa y buscar las actas correspondientes e informarse de lo que ha sucedido en cualquier momento. Eso no sucede con el Poder Judicial, a pesar de que en los últimos años, este poder también ha tenido que abrirse un poco a la transparencia que debe caracterizar la vida pública del aparato judicial, pero solo un poco.

Desde luego que la prensa y la ciudadanía no tiene libre acceso a expedientes judiciales que por su naturaleza y por la ley, deben ser privados y de acceso solamente para conocimiento de las partes involucradas. Pero las actas, acuerdos, resoluciones y en general, todos los actos de la Corte Suprema y las Salas Superiores deberían ser de dominio público, pero no todas lo son, a pesar de los avances en materia de transparencia.

Pero, históricamente, la realidad es que la vida institucional del Poder Judicial fue durante muchas décadas, un absoluto secreto y un misterio para la prensa y la ciudadanía. La secrecía del Poder Judicial era como una “patente de corso” para la realización de cualquier tipo de actos administrativos, que bien sabían los actores que no iban a trascender al público, y ello les daba una libertad de la que no gozan los legisladores en el Poder Legislativo ni los jerarcas en el Poder Ejecutivo.

El Congreso de la Unión y el Poder Judicial

En México, el Poder Legislativo está constituido por dos cámaras: un Congreso de 500 Diputados(as) y un Senado de 132 integrantes, para un total de 632 congresistas. Como ven, es una multitud de congresistas y senadores y la población total estimada de México es de 126 millones de habitantes. En comparación, la Cámara de Representantes (Diputados) y el Senado de los Estados Unidos de América, un país con 335 millones de habitantes tiene un total de 535 integrantes: 100 Senadores y 435 Representantes (Diputados). La sobre población mexicana de congresistas es impresionante.

En general, hoy por hoy, en la mayoría de los países, en sus Congresos, casi todas las sesiones de ambas cámaras (o unicameral), se pueden observar en línea mediante canales de YouTube o incluso televisión abierta específicos de cada cámara. Esa parece ser la norma en casi todos los países y en México es así.

El Poder Judicial, en cambio, sobre todo en lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solamente transmite algunas sesiones de las salas y del pleno de la SCJN, pero no todas, hay sesiones privadas. He aquí una primera diferencia.

La SCJN es en última instancia la que verifica la constitucionalidad de las normas que se aprueban en el Congreso y es la instancia decisoria definitiva de los asuntos ordinarios que se litigan en los tribunales inferiores, cuando son apelados y elevados a conocimiento y resolución de la SCJN. También los ministros(as) integrantes de la SCJN tienen la facultad de “atraer un caso” por decisión propia, es decir, solicitar para su conocimiento y eventual resolución un expediente que se tramita en instancias inferiores del Poder Judicial (salas, tribunales, juzgados).

Si bien el Congreso, bajo el escrutinio de la ciudadanía y de la prensa, está siendo sometido diariamente a la evaluación de la sociedad, y en general, se desenvuelve dentro del límite que las leyes y reglamentos les dictan. En el Poder Judicial no, por diversas razones, y algunas porque son claramente materia técnica de difícil comprensión para las personas, y otras, porque se resuelven sigilosamente, con la menor publicidad posible. He aquí otra diferencia.

Adicionalmente, la prensa y la ciudadanía puede interpelar a los jerarcas del Poder Ejecutivo o a los congresistas y solicitarles explicaciones o razonamientos sobre los actos emanados de su condición, pero a los ministros(as) de la SCJN nadie puede exigirles que rindan cuentas de sus actos y casi nunca, por decisión propia, rinden explicaciones a la ciudadanía.

La tradición era que, en el caso de México, los once ministros(as) que integran la SCJN no están sometidos al escrutinio ni a la jerarquía del Congreso (solo en casos excepcionales) o la ciudadanía, y la normativa que se debe aplicar, sobre todo la materia constitucional, es muy laxa y la pueden acomodar y la acomodan a la voluntad de la mayoría de los ministros(as), aun contra el mismo espíritu y letra de la Constitución.

En años recientes, durante la presidencia de AMLO, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha permitido dictar resoluciones contrarias al interés del Poder Ejecutivo, incluso violentando la separación de poderes y la misma letra de la Constitución. Menuda contradicción: los(as) guardianes de la Constitución son quienes más la violentan con todo desparpajo y no hay ninguna instancia judicial en la cual reclamarles para revertir sus desaciertos o abusos de poder.

Por su propia definición y conformación, las decisiones de la SCJN son inapelables y agotan cualquier recurso legal en su contra. Son definitivas aunque puedan ser muy cuestionables jurídicamente. Por su complejidad y especificidad no me voy a extender en explicaciones sobre el funcionamiento de la SCJN porque es materia muy técnica, pero sí vamos a ver un par de ejemplos de sus cuestionables resoluciones y todo lo que de ahí podemos concluir sobre la operación de la SCJN.

Abusos y Lawfare en la misma SCJN

En México sucede que la mayoría de las ministras(os) que integran la SCJN, responden ideológica y políticamente al bloque opositor al gobierno de AMLO, porque fueron nombrados por los partidos PRI o el PAN o el PRD y juntos conforman un bloque opositor.

No obstante, bajo la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (enero 2019/diciembre 2022), quien se desempeñó en su cargo como un funcionario políticamente independiente del Poder Ejecutivo, las relaciones institucionales que se establecieron con AMLO fueron de cordialidad, respeto y moderación, de modo que un día la SCJN resolvía algún caso que resultaba favorable al gobierno y otro día resolvía en contra de los intereses del Ejecutivo.

Pero estas respetuosas y cordiales relaciones AMLO-Zaldívar, cambiarían radicalmente para mal, a raíz de la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la SCJN a partir de febrero de 2023 (la candidata de AMLO para presidir la SCJN era la ministra Yasmín Esquivel, la cual fue defenestrada mediante un montaje publicitario ejecutado por la derecha mediática, acusándola de un presunto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho en la UNAM, en 1986, algo que todavía se está litigando en tribunales). En este caso se pudo ver una poderosa campaña para manipular al público y difamar por medio de casi todos los medios de prensa (radio, TV, periódicos y revistas) orquestados alrededor de la acusación contra la ministra Esquivel, quien perdió la votación en la SCJN y en su lugar llegó Norma Piña, entronizada por la derecha y todas las fuerzas opositoras a AMLO.

La primera ocasión oficial en que apareció Norma Piña como presidenta del Poder Judicial, fue un acto protocolario solemne de conmemoración de la Constitución mexicana, el 5 de febrero. Por protocolo y cortesía, todos los jerarcas presentes en el presídium se ponen de pie al ingreso del presidente de la República, pero Norma Piña, en abierto desaire, permaneció sentada…

Esta señal, que fue aplaudida por la mayoría de los medios de prensa, celebrando “la independencia” del Poder Judicial ante el presidente de la República, pero no se señaló en ningún momento lo inapropiado del acto, faltando el respeto a la investidura del presidente, y marcó lo que sería el inicio de unas tensas y hasta hostiles relaciones entre ambos poderes que, desde entonces, conviven en abierta confrontación.

A partir de ahí, fue notorio cómo en el Poder Judicial como un todo, empezaron a dictarse resoluciones a todos los niveles, contrariando las políticas e intereses del Poder Ejecutivo y llegando al colmo de invalidar leyes aprobadas por el Congreso, alegando motivos inimaginables y no establecidos en la legislación. Por ejemplo, el mismo día en que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, era condenado en Nueva York por 5 delitos, entre ellos delincuencia organizada y narcotráfico, en la Ciudad de México un tribunal ordenaba levantar el embargo que se había impuesto a la cuenta bancaria de la esposa de Genaro, de modo que ahora podía acceder a esos fondos y desaparecerlos del brazo de la justicia.

Recién hace unas semanas Abraham Oseguera, hermano del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera El Mencho, líder del peligroso y poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue liberado por orden de un juez alegando razones peregrinas, tras ser detenido por los delitos de tráfico de drogas y de armas, a pesar de la enérgica protesta de la Fiscalía y del mismo presidente AMLO, quien denunció el hecho en su conferencia matutina.

Pero lo más significativo y hasta doloroso para el presidente AMLO, fue cuando la SCJN resolvió como inconstitucional mediante una votación minoritaria de la SCJN (3 a 2 en la Segunda Sala), invalidar la Ley de la Industria Eléctrica, la cual favorecía al operador estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en su defecto, ahora se beneficia nuevamente a los operadores privados, sobre todo las grandes empresas extranjeras que producen y venden electricidad en el mercado mexicano. Todo el trámite de los recursos de amparo interpuestos por los interesados ante un juzgado fue sumamente cuestionado y la votación final en la Sala Segunda se consideró absolutamente viciada de nulidad, por ser un asunto que debió resolver el pleno de la SCJN (11 ministros) y no con solo 2 votos en una Sala.

Y si alguien, desde el punto de vista legal, tiene dudas sobre las resoluciones acusadas de ilegales y anti constitucionales que ha estado tomando la SCJN o sus respectivas Salas, solamente debe buscar en la web, mediante el nombre de Lenia Batres Guadarrama (ministra de la SCJN), quien ha denunciado una y otra vez las resoluciones viciadas de nulidad que ha venido tomando la SCJN en múltiples asuntos contrarios al interés del Poder Ejecutivo y contrarias a la legalidad.

Y si todo lo anterior no fuera grave, lo peor se había venido gestando mediante maniobras bajo la mesa a cargo de la presidenta Norma Piña, adelantando una campaña que ha venido orquestando la oposición, para crear un clima de desconfianza y de denuncia de la próxima contienda electoral del 2 de junio, acusando que hay muchas regiones en el país que están tomadas y bajo control del crimen organizado, preferentemente por los cárteles de la droga, pero también otros grupos delincuenciales que operan en diferentes estados. Dado que es muy evidente -y todas las encuestadoras serias lo confirman- que la candidata oficialista Dra. Claudia Sheinbaum arrasará en las elecciones y más aún, es probable que se alcance “El Plan C” que anunció AMLO, para conquistar la mayoría calificada del Congreso a través de la alianza MORENA + PT + PVEM.

La estrategia judicial, el LAWFARE que se ha venido desarrollando entre la SCJN y el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), inició hace unos meses y ha tenido eco en muchos medios de prensa, como era de esperar, pero ha sufrido algunos tropiezos de los que vamos a reseñar solamente el más importante, ocurrido en el TEPJF y que ocurrió en diciembre 2023.

Resulta que el TEPJF está conformado por 7 miembros, pero hay dos vacantes porque sus reemplazos deben ser nombrados por mayoría calificada del Senado de la República (87 de 132 Senadores(as)), pero la oposición en el Senado no ha estado dispuesta a negociar con el bloque oficialista para nombrar esos dos magistrados electorales faltantes. Entonces, el Poder Ejecutivo desistió de esos dos nombramientos y ha dejado que el TEPJF venga funcionando con esos 5 magistrados electorales.

Además, el Tribunal Electoral cuenta con cinco Salas Regionales, cada una integrada por tres magistrados elegidos por el Senado de la República, a propuesta de la SCJN, por 9 años. Las sedes son Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, con una Sala Especializada que fiscaliza los recursos de los partidos, asentada en la Ciudad de México.

En diciembre de 2023, había que nombrar o ratificar al presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, un funcionario de clara afiliación partidista opositora con el PAN, que incluso fue jefe de asesores legales de la presidencia durante el gobierno de Felipe Calderón y de ahí, salió luego nombrado para integrar el TEPJF, desde donde ha venido operando en contra del gobierno de AMLO y a favor de la oposición. En los primeros días de diciembre debía concretarse el nombramiento o ratificación de la presidencia del TEPJF y se conformó un nuevo bloque de 3 de los 5 magistrados, que apoyaba el nombramiento de la magistrada Mónica Soto Fregoso.

El escándalo que se publicó en unos poquísimos medios de prensa en los primeros días de mayo puso en evidencia la operación política de la presidenta Norma Piña, a favor de la reelección del magistrado Reyes Rodríguez M. mediante llamadas y sobre todo, mensajes de WhatsApp a varios magistrados del TEPJF a quienes extorsionó para que reeligieran a Rodríguez. De manera absolutamente inverosímil, el contenido de esos mensajes de whatsapp trascendió al público y se hizo notar, aparte de su contenido inapropiado para una presidenta del Poder Judicial, que la mayoría de los mensajes los enviaba entre la media noche y las 4 a.m.

Pero el bochorno sobrepasó el límite cuando se comprobó que la presienta Piña, orquestó una reunión en casa de otro magistrado de la SCJN, José Luis González, donde invitó a los 3 magistrados electorales “rebeldes” que deseaban nombrar a Mónica Soto en vez de Reyes Rodríguez, pero ¡oh sorpresa!, Piña sin avisar a los magistrados electorales, invitó a los políticos Alejandro Moreno (presidente del PRI) y Santiago Creel (jefe de campaña de la opositora Xóchitl Gálvez), pero Creel no asistió a la cita. Hasta la fecha, varias semanas después, Piña no ha salido a la prensa a explicar el por qué gestionó esta reunión de magistrados electorales con el presidente del PRI y el jefe de la campaña de la oposición (PRI+PAN+PRD), y únicamente dijo: “Alito es mi amigo y mi aliado” (Alito llaman a Alejandro Moreno).

En el fondo, la conspiración dirigida por Norma Piña contra el oficialismo tiende a reunir una serie de elementos que permitan al Tribunal Electoral de la Federación, declarar la nulidad de la elección del 2 de junio próximo. Para ello contaban ya con los pronunciamientos que, en ese sentido, han realizado no solo un magistrado del TEPJF sino alguna consejera electoral del INE, que han mencionado los “problemas de seguridad que se presentan en algunas regiones del país” que no garantizarían una elección libre y democrática.

“El golpe judicial”, la “Guerra judicial” o Lawfare que está fraguando la oposición, no solo ha sido descubierto y exhibido para vergüenza propia y ajena, sino que no funcionará este 2 de junio, cuando el pueblo mexicano de forma abrumadora acuda a las casillas a depositar sus votos mayoritariamente por Claudia Sheinbaum. Ya muy pronto lo sabremos, la próxima semana.

29/5/24