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El Periodicocr.com* | La exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, fue declarada en rebeldía por el Tribunal del I Circuito Judicial de San José y enfrenta una orden de captura luego de no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una querella en su contra.
Chacón debía asistir a juicio por una querella que enfrenta por difamación e injurias que le interpuso el exdiputado de Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás, no obstante, el verdiblanco señaló que la exministra no se ha presentado en cinco ocasiones a los estrados judiciales ni a la audiencia de conciliación.
Cabe señalar que la defensa de Chacón está a cargo del actual diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Uno de los argumentos planteados por la defensa para justificar las ausencias es que el abogado tenía compromisos previamente programados que coincidían con las fechas de las audiencias.
La querella
En 2023, Chacón aseguró que Nicolás buscó que el Ministerio de Salud comprara el terreno de un amigo para las instalaciones del CEN-Cinai de Esparza.
“Con esto me lo eché de enemigo, y posterior a eso el diputado Nicolás mandó a pedir el expediente de la directora del CEN-Cinai, y a la semana me llega una denuncia penal contra ella, en la que me acusan de prevaricato, mediante una denuncia anónima, porque sostienen que el director del CEN-Cinai debe tener 6 años de experiencia y que la directora solo tenía 4”, comentó la exjerarca: “Yo no puedo creer que un diputado se preste más a los juegos de los amigos de siempre, y a la politiquería barata, que ayudar a una población”, criticó la exministra.
Dicha información fue replicada por medios afines al Gobierno, por lo que Nicolás querelló a la ministra por difamación. Además, presentó una acción civil resarcitoria por ¢10 millones. El Tribunal convocó nuevamente a las partes a audiencia para mañana martes 18 de agosto, a las 8:30 a. m.
¿Qué dice Chacón?
Consultada por la Nación y por Diario Extra, Chacón asegura estar incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que presentará los documentos ante las autoridades competetentes.
Sin embargo, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje que “debido a una coartada que, según se sospecha, Francisco Nicolás tenía con algunos medios que hoy se presentaron a tribunales, los medios de comunicación han publicado de todo, sin derecho de respuesta.
“(…) En un intento de arreglo, Francisco Nicolás indicó que, o se disculpaba públicamente, o pagaba 10 millones de colones. ¿Disculparme por ayudar a cientos de bebés y familias? ¿O por no favorecer a amigos de políticos? Yo quizá no tenga inmunidad, como muchos, para hoy librarme de asumir responsabilidades o defender mi inocencia. Lo que sí tengo es la conciencia limpia. El perdón se lo pido solo a Dios por mis errores, y este fue un acierto, nunca un error. Al igual que pasará con Parque Viva, donde muchas personas siguen peligrando, nunca me gané un cinco por hacer algo incorrecto. Al contrario, todo ha sido por hacer las cosas con valores y convicción”, dijo.
Revocan prisión preventiva al abogado Cristian Arguedas
El abogado penalista Cristian Arguedas dejará la prisión preventiva luego de que el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José acogiera parcialmente el recurso presentado por su defensa y modificara las medidas cautelares que pesaban en su contra.
La resolución establece una caución real de ₡250 millones como condición para que el abogado pueda recuperar su libertad. El Tribunal consideró que mantener a Arguedas en prisión preventiva resultaba desproporcionado y decidió sustituir esa medida por otras restricciones durante un plazo de tres meses, hasta el 30 de octubre de 2026.
Arguedas permanecía recluido desde finales de julio en el ámbito de Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, luego de que un juzgado le impusiera inicialmente seis meses de prisión preventiva.
La garantía podrá cubrirse mediante depósito de dinero o valores, o mediante una garantía hipotecaria de primer grado, siempre que cumpla con los requisitos de documentación, inscripción y aprobación judicial correspondientes. Mientras la caución no sea constituida en los términos establecidos por el Tribunal, la prisión preventiva continuará vigente.
“Se resolvió una caución dineraria a favor del Poder Judicial por doscientos cincuenta millones de colones (250 millones de colones), la cual podrá realizarse por depósito a la cuenta del despacho (dinero o valores) o en caso de bienes inmuebles mediante garantía hipotecaria de primer grado, la que deberá presentarse ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas posteriores a su otorgamiento e inscribirse en un plazo máximo de quince días, salvo que circunstancias debidamente acreditadas lo impidan. La presentación e inscripción registral de la escritura pública deberá comunicarse a la autoridad judicial que tiene a su cargo la imposición de la medida cautelar (Juzgado Penal), en un plazo máximo de tres días, posteriores al cumplimiento del respectivo trámite”, señalaron desde el Ministerio Público
La defensa ha señalado que cuenta con una propiedad que podría ser utilizada para cubrir la garantía.
La libertad de Arguedas tampoco será irrestricta: El Tribunal impuso varias medidas cautelares que deberá cumplir durante los próximos tres meses. Entre ellas se encuentra el arresto domiciliario con monitoreo electrónico mediante tobillera, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el despacho judicial que tramita la causa. También deberá entregar su pasaporte y tendrá impedimento de salida del país. Además, deberá abstenerse de comunicarse, acercarse, molestar, perturbar o intimidar a la jueza denunciante y a los testigos del proceso.
¿Por qué investigan a Arguedas?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga a Arguedas como sospechoso del delito de procuración de impunidad. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por una jueza penal.
Según la investigación, la funcionaria habría recibido un supuesto ofrecimiento indebido relacionado con una audiencia de medidas cautelares del denominado caso Riverside.
La hipótesis del Ministerio Público apunta a que el ofrecimiento habría buscado influir en la decisión judicial para evitar que una de las personas vinculadas con ese expediente quedara en prisión preventiva.
La denuncia involucró también al abogado Héctor Cascante, según información publicada anteriormente sobre el caso. La investigación está relacionada con una audiencia en la que se analizaban medidas cautelares para personas vinculadas con Kishna Aneika López Tyndall, alias “Kiky”, hija del narcotraficante Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.
A partir de esa denuncia, la Fiscalía abrió una investigación y posteriormente agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a Arguedas.
La defensa de Arguedas ha negado los señalamientos y ha cuestionado tanto la prisión preventiva como las condiciones en las que permanecía recluido.
Arguedas es un abogado penalista con más de 25 años de ejercicio profesional y ha participado en procesos judiciales de alta exposición pública. Entre otros casos, ha ejercido la defensa de figuras como el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y empresarios como Leonel Baruch y Christian Bulgarelli.
Además, Arguedas fue propuesto por el Gobierno del expresidente Rodrigo Chaves para ocupar el cargo de procurador general de la República, aunque su nombramiento debía ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
El caso continúa
La decisión del Tribunal no cierra la investigación ni determina la inocencia de Arguedas.
El expediente continúa abierto y la Fiscalía mantiene la investigación por la presunta procuración de impunidad.
Lo que cambió es la medida cautelar: en lugar de permanecer en prisión preventiva, Arguedas podrá enfrentar el proceso bajo restricciones, siempre que constituya la caución de ₡250 millones y cumpla las demás condiciones impuestas por los jueces.
La fianza, además, no constituye una multa ni una condena económica. Se trata de una garantía para asegurar el sometimiento del imputado al proceso judicial.
Por ahora, la salida de prisión de Arguedas queda condicionada al cumplimiento de esas medidas.
El penalista pasó así de enfrentar seis meses de prisión preventiva en Máxima Seguridad a continuar la investigación fuera de prisión, con arresto domiciliario, monitoreo electrónico, impedimento de salida del país y una caución de ₡250 millones.
*En alianza informativa con EP.



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