La extensión de concesiones a radios y televisoras es necesaria para evitar un apagón de medios de comunicación que utilizan las frecuencias de radio y televisión.

Sin embargo, a 3 días de que venza el plazo para realizar esa extensión el Poder Ejecutivo no realiza la extensión del plazo, mientras negocia con las diferentes empresas concesionarias una ampliación de los contratos por uso de las frecuencias que son propiedad del Estado costarricense, no del Gobierno de turno.

“Un apagón de radios y televisoras, podría atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los costarricenses”, comunicó ayer la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, haciendo eco de lo que piensan todas bancadas legislativas, excepto la oficialista que mantiene el discurso revanchista -contra Canal 7- de la periodista y hoy diputada Pilar Cisneros Gallo.

El PUSC hizo un llamado para “garantizar seguridad jurídica para los actuales concesionarios mientras se resuelven las solicitudes de prórroga de manera individualizada y se define un eventual concurso público”.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), mientras tanto, no emite el decreto ejecutivo que es necesario en las próximas horas para otorgar esa prórroga a las vigentes concesiones de radiodifusión sonora y televisiva.

Es posible que el decreto sea firmado el mismo 28 de junio para garantizar el espectáculo televisivo de la conferencia de los miércoles del Gobierno Chaves Robles, porque de lo contrario “los operadores de radio y televisión se verán obligados a suspender sus transmisiones”, según afirma el PUSC.

“Estamos ante un panorama muy complejo, que amenaza al sistema democrático y el derecho a la información, por eso desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana hacemos un llamado a las autoridades competentes para que no le den largas al asunto y actúen de inmediato”, manifestó María Marta Carballo, jefa de esa agrupación legislativa.

Los socialcristianos no aceptan “bajo ninguna circunstancia la posibilidad de un “apagón” que limite el derecho de los ciudadanos a informarse y expresarse, y esperan que el actuar del Micitt sea de inmediato ajustado a los plazos contemplados en la legislación actual”.

Esta preocupación viene desde meses atrás, pero el Gobierno le ha dado largas al asunto para generar tensión con los medios de comunicación a los que adversa expresamente.

La jefa del PUSC, María Marta Carballo, se manifestó así:

Culturacr.net solicitó reacción a otras fracciones al respecto, pero aún no tenemos respuesta.