Gobierno busca eliminar controles en contratos para obras de “riesgo inminente” e insiste con reforma para Ciudad Gobierno y la Contraloría

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Eliminar los controles que ejerce la Contraloría General de la República en la contratación para obras de “riesgo inminente” busca un proyecto de ley que propuso hoy la presidenta Laura Fernández, en su informe de los 100 días de labores.

Aunque revestido de una buena intención: acelerar la construcción de obras urgentes porque, según plantea, tienen “riesgo inminente”, viene el fantasma de la trocha fronteriza y otras obras, donde bajo una figura similar se han cometido una gran cantidad de chorizos y corrupción con los fondos del Estado.

Sin los controles de la Contraloría, las contrataciones se podrán realizar más rápido, pero también más a la libre de la decisión que tomen los jerarcas de turno, de manera que pueden mover los recursos con decisiones sin supervisión, que producen normalmente sobreprecios, favorecimiento de contratistas por debajo de la mesa y otras matráfulas usuales, ya conocidas.

La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito surgió, por ejemplo, como una medida del Estado para darle dientes a los controles mismos, de manera que se eviten al menos los chorizos más grandes, como se han visto en el pasado y como se han intentado en los últimos 4 años.

Según la presentación que hizo Fernández este medio día, la Contraloría seguiría supervisando, pero con un mecanismo que la misma institución aprobaría previamente. ¿Qué tanto reduce los controles la propuesta de Ley? Está por verse.

El proyecto, sin embargo, no ha sido dado a conocer para su estudio.

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Ciudad Gobierno

La presidenta Laura Fernández presentó otro nuevo proyecto para Ciudad Gobierno y solamente se limitó a decir que busca hacer reforma en dos artículos de la Ley de Contratación Pública, así como extenderse sobre el ahorro que implica tener esa infraestructura frente al gasto en alquileres.

Los artículos 66 y 67 de la Ley de Contratación Pública establecen la normativa para contrataciones de urgencia y la compra y arrendamiento de bienes inmuebles para el estado. El 67, en concreto, establece requisitos como estudios de mercado, avalúos y otros requerimientos para evitar corrupción.

Fernández volvió a reprochar que la Contraloría General de la República no les permitió avanzar con ese proyecto en el gobierno anterior. Sin embargo, omitió decir que estaban incurriendo en una ilegalidad manifiesta al tratar de hacer un contrato arrendando sobre los terrenos propios del estado.

Reforma a la Contraloría

En cuanto a la reforma que pretende hacer a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno, afirmó que “no vamos a debilitar jamás los controles sobre la Hacienda Pública (…) pero sí vamos modernizar y actualizar la ley”.

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Como es claro, la desconfianza surge luego de los reiterados intentos que los dos gobiernos anteriores ejecutaron para pasar por encima de los controles del órgano contralor, desde Ciudad Gobierno -que luego se quiso hacer mediante un referendo inconstitucional, que llamaron Ley Jaguar- hasta otras obras como la marina de Limón.

“Ante los nuevos instrumentos financieros, ante los nuevos instrumentos para ejecución de obras -afirmó Fernández ante la interrupción de los reiterados aplausos de sus ministros y jerarcas-, porque adicionalmente el control está bien, pero el control tiene que ser con un propósito de fiscalización hacendaria, no puede ser que el control con el paso de los años se haya evolucionado a una cosa que se convirtió en una especie de co-administración previa al ejercicio de los poderes del estado, es decir, a mí me prohibieron hacer Ciudad Gobierno sin haber cometido ningún delito, así de fácil, nos prohibieron llevar adelante la marina de Limón por controles a priori que no tienen ninguna razón de ser en el mundo contemporáneo ni en el análisis comparado de los países desarrollados”, expresó la presidenta Laura Fernández con una sonrisa nerviosa.

La presidenta Fernández no tiene claro que la Contraloría y las leyes anti corrupción tienen la función de prevenir el delito, además de combatirlo en el momento en que se da.

Ninguno de los proyectos anunciados han sido presentados ni ante la prensa ni ante la Asamblea Legislativa.

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