Un grave conflicto de intereses en el nombramiento de un representante de la Sociedad Civil en la comisión encargada del Plan Regulador de Liberia, fue denunciado por parte de las fuerzas vivas de la comunidad.

La indignación surgió porque fue nombrado Eugenio Román Ocampo, hijo de Luis Román y María Ocampo Fernández, quienes son parte de una familia cuyas empresas han sido demandadas en un caso judicial en el Contencioso por presuntamente hacer uso de suelos de manera ilegal en la zona marítimo terrestre.

Ocampo Fernández fue diputada liberacionista en el período 2002-2006 y su tía, de apellidos Ocampo Baltodano, fue también diputada por Liberación Nacional en los años 2014-2018.

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Damaris Rodríguez, presidenta de la Asociación de Rescate de la Zona Marítimo Terrestre de Cabuyal -ARREZOMATE- dejó claro a Culturacr.net que el nombramiento de Román Ocampo no es correcto y genera un conflicto de intereses:

Además, como si fuera poco, la actual presidenta del Concejo Municipal de Liberia, María Lourdes Ocampo Fernández, es prima hermana de Eugenio Román Ocampo, de quien fue nombrado, lo que también establece serias dudas, porque la ley establece que no debe haber consanguinidad hasta tercer grado, según lo establece Rodríguez:

Según se percibe hay un ambiente de presunta corrupción, donde una familia maneja los hilos políticos en función de intereses económicos creados, y aunque está implicada en disputas legales y en serios cuestionamientos por uso abusivo de zonas que son del Estado.

Rodríguez, ingeniera agrónoma y docente, explica a Culturacr.net que el Plan Regulador, precisamente, tiene una zona costera que define como un “distrito especial” en el mapa, donde según parece “se permite hacer cualquier cosa” por ser una especie de “zona exclusiva”, situación que está judicializada porque la comunidad considera que es ilegal esa conformación.

Damaris Rodríguez explica en detalle de qué trata ese Contencioso:

La zona de Cabuyal es particularmente un territorio paradisiaco de gran valor turístico, donde los terrenos se venden en millones de dólares, de manera que se entiende por qué la familia, que tiene cientos de hectáreas en esa zona, está interesada en ocupar los puestos decisorios que definen las políticas municipales sobre el uso de los suelos. “Es como poner el gato a cuidar la leche”, afirma Rodríguez.

Según la activista comunal, las empresas de la familia Ocampo tendría hasta 6 mil hectáreas de desarrollos en las zonas costeras -y otros lugares de Liberia- y no deberían participar en los procesos políticos que toman las decisiones, porque “no representan a la sociedad civil”, sino intereses propios. También cuestionó los atestados de Román Ocampo para el puesto.

Rodríguez afirmó que las empresas de esta familia estarían ocupando 69 hectáreas que pertenecen al Estado. Denunció que esa familia, desde el manejo corrupto de la municipalidad, ha logrado incluso visar planos para concederles terrenos no les pertenecen.

La presidenta de la asociación aclaró que su organización funciona sin fines de lucro y solamente lucha por recuperar esos terrenos del Estado para la gente.

Las empresas demandadas, bajo el expediente 15-009228-1027-CA, son Inversiones Román y Ocampo, de María Ocampo Baltodano, la Finca Ocampo Baltodano S.A. y Gill Hectáreas del Litoral S.A. El juicio está fechado para noviembre próximo, si los abogados de la familia no logran retrasarlo aún más.