• “La impunidad en la lógica barrendera fascista” es un artículo de opinión cuyos criterios son responsabilidad del autor y no necesariamente de este medio de comunicación.

Por Omar Jiménez Camareno. En una exhibición, malévola, no encuentro otro término para calificarla, Juan Diego Castro manipuló datos de forma perversa para intentar desprestigiar la administración de justicia, acentuar el discurso populista contra el Poder Judicial y contra la división de poderes y, de paso, justificar el aumento en la criminalidad en el país y achacarle la culpa de la inseguridad ciudadana al Poder Judicial para no reconocer el fracaso del gobierno en esa materia.

Nos dice Juan Diego que en los últimos 25 años, después de que se aprobó, lo que él llama “mamarracho de código procesal penal”, se han presentado poco más de 4 millones de denuncias de las cuales únicamente unas 172 mil se han resuelto con condena; y agrega, impostando la voz y con aire conspicuo, que eso implica que en el país existe un 95% de impunidad lo cual es un mensaje a los delincuentes que no hay problema, que pueden seguir delinquiendo porque de por sí la posibilidad de que se les condene es apenas de un 5%.

Si esa diatriba verborreica viniera de cualquier hijo de vecino, que no conoce el funcionamiento del poder judicial, ni tiene porque conocerlo, uno tendría que decir que esa absurda afirmación es producto de la más supina ignorancia, pero siendo que Juan Diego es abogado y se ha desempeñado en el ejercicio de la profesión fundamentalmente como penalista, uno no puede concluir otra cosa que esa afirmación es perversa.

Antes de entrar al fondo del tema, develemos, para demostrar la doble moral de Castro, que ese Código Procesal Penal, al que él llama mamarracho, tiene la firma precisamente de Juan Diego Castro, como Ministro de Seguridad. Es decir que, o al momento de la firma Castro no consideraba que dicho Código era un mamarracho, o nos viene a reconocer ahora que estuvo de acuerdo en la aprobación de un mamarracho.

Pero, dejando de lado esos avatares contradictorios que son propios del barredor de argumentos con sus escobas, y entrando al fondo del asunto, es importante dejar claro que el propósito de todo proceso judicial, y por supuesto fundamento esencial del proceso penal, es la averiguación de la verdad real de los hechos a efectos de dictar sentencia con base en esos hechos efectivamente probados mediante el cumplimiento pleno de un debido proceso en el que él acusado haya podido ejercer, plenamente, valga la redundancia, su defensa.

Pretender hacer creer a la ciudadanía que el objetivo de un proceso judicial, y en este caso del proceso penal específicamente, es el dictado de una sentencia condenatoria es, repito, perverso.

Nuestro sistema punitivo penal inicia su construcción sobre una base fundamental consagrada en nuestra Constitución Política en su artículo 39, el cual señala que nadie puede ser condenado si previamente no se le ha demostrado su culpabilidad. Por consiguiente, es evidente que toda persona debe presumirse inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

De manera que intentar convencer a la población de que todas las denuncias, o al menos la gran mayoría deben concluir con sentencia condenatoria, porque lo contrario implica un régimen de impunidad, es ignorar ese principio constitucional fundamental que comprende cualquier estudiante que apenas está llevando el curso de introducción al derecho.

Según la lógica de las escobas, entonces no haría falta proceso penal, la aritmética sería muy simple, denuncia=condena. O dicho en otras palabras, fusile y luego averigüe.

Cómo dijimos anteriormente, Juan Diego Castro ha ejercido por años como abogado penalista, cabría entonces preguntarle si en esa estadística de su “impunómetro” (por favor no se rían, que esto es serio, así le llamaron), los casos que él ha defendido y que han concluido con una sentencia absolutoria entran en los casos de impunidad criminal. Porque de ser así, el propio abogado Castro estaría confesando ser uno de los responsables de esa impunidad.

Aún más, según la lógica barrendera de, una denuncia= una condena, la señora Marta Esquivel ya debería estar en prisión con sentencia condenatoria y al propio presidente, -repito: según esa lógica del “impunómetro castrista”-, le esperarían más de 50 condenas, puesto que tiene más de 50 denuncias penales. “NO ME AYUDES COMPADRE”.

Es claro que nuestra administración de justicia requiere de una profunda reforma para hacerla realmente pronta y cumplida, pero esa reforma no debe ser nunca para imponer un sistema penal fascista que violenta los más elementales derechos de toda persona a ejercer su legítima defensa cuando sea denunciado judicialmente.