Hoy 17 de agosto de 2026 le presentamos las últimas noticias en un resumen, con los datos más relevantes en una infografía.

Secreto de Estado y software espía

El debate sobre el decreto de secreto de Estado en seguridad sumó nuevas voces esta semana. La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, dijo que personas que trabajan o trabajaron en la DIS le expresaron preocupación por un eventual uso de tecnología de espionaje, en momentos en que se conocía la infiltración de narcotráfico en cuerpos policiales; anunció mociones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y evalúa un recurso de amparo contra el decreto.

El exministro de Seguridad Gustavo Mata y el exfiscal general Francisco Dall’Anese advirtieron que permitir al Gobierno usar un software como Pegasus al amparo del secreto de Estado equivaldría a las prácticas de vigilancia de Cuba o la extinta URSS. Mata recordó que, por ley, solo la Policía de Control de Drogas tiene facultades de investigación entre las fuerzas del Ejecutivo. Pegasus, desarrollado por la israelí NSO Group, ha sido documentado en casos de espionaje a periodistas y opositores en México, Panamá, El Salvador y Colombia, aunque tanto el Gobierno como la diputada oficialista Kattia Calvo niegan que exista un plan para adquirirlo.

Justicia y libertad de prensa

La resolución que amparó a la prensa frente a las restricciones de la diputada Marta Esquivel citó como precedente una sentencia que la propia Esquivel redactó en 2018, cuando era magistrada suplente, en la que declaró con lugar un recurso similar contra la entonces presidencia legislativa de Carolina Hidalgo. Ocho de las 33 páginas del fallo actual retoman los argumentos que Esquivel escribió entonces sobre el acceso de la prensa a comparecencias de interés público.

Sistema penitenciario

Una abogada denunció ante el OIJ que su representado, Jardel López Tyndall, hijo del extraditado Edwin López Vega (“Pecho de Rata”), fue agredido y amenazado de muerte por tres policías penitenciarios en una celda de máxima seguridad de La Reforma, el mismo módulo que había ocupado Gilbert Bell Fernández (“Macho Coca”) antes de su extradición. Según la denuncia, los funcionarios lo sujetaron por el cuello y amenazaron con matarlo a él y a su familia; los gritos de otros privados de libertad, entre ellos “Diablo” y “Noni”, habrían hecho que los agresores se detuvieran.

Poder Judicial y audiencias virtuales

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, y dos jueces de ejecución de la pena de Alajuela pidieron por separado al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reconsiderar el fin del convenio de audiencias virtuales con centros penitenciarios. Aguirre recordó que el Poder Judicial invirtió ¢137,5 millones en equipos y gasta ¢131,2 millones anuales en enlaces de comunicación para el sistema, que cubrió el 62% de las diligencias de ejecución de la pena en el primer semestre de 2026.

La Dirección de Planificación del Poder Judicial estima que volver a la presencialidad le costaría al OIJ entre ¢184,8 millones y ¢642,4 millones anuales, recursos no presupuestados, para trasladar cerca de 4.832 audiencias que hoy son virtuales. En Alajuela, donde los tribunales solo pueden realizar seis juicios simultáneos, un juez advirtió que el sistema “ya está colapsado”. La Defensa Pública también anticipa más tiempo de sus abogados en traslados, en detrimento de otras diligencias.

Emergencia climática

Un total de 2.391 clientes del ICE seguían sin servicio eléctrico hasta las 6:00 p. m. del domingo 16 de agosto, por afectaciones de la onda tropical 32. La región Huetar Caribe concentra el 70,6% de los afectados (1.689 clientes), seguida por la Brunca con 553. El ICE señaló que la generación y transmisión operan con normalidad, mientras inundaciones y cierres de vías dificultan el ingreso de cuadrillas a algunas comunidades.

Más sobre la situación en este enlace.

Recuento | Pasó la onda tropical 32 pero ya tenemos encima la 33: más de 1000 personas en albergues, más de 800 centros educativos cerrados… – Culturacr.net

Prevención de desastres

El expresidente Luis Guillermo Solís alertó, en una columna de opinión, sobre la necesidad de fortalecer la prevención ante terremotos, luego de los sismos recientes en Venezuela y Colombia. Solís recordó que Costa Rica se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que un evento similar es cuestión de tiempo, aunque reconoció la capacidad técnica del país en vulcanología, geología y respuesta institucional.

El exmandatario cuestionó, sin embargo, el incumplimiento reiterado del Código de la Construcción, la corrupción en permisos urbanos y el desfinanciamiento de centros como el IMN y los observatorios universitarios. Puso en duda la capacidad de AyA y las municipalidades para responder a una eventual ruptura de tuberías madre, y advirtió sobre los recortes presupuestarios a la Cruz Roja, la seguridad pública y la CCSS como factores que agravarían el impacto de un desastre mayor.

Infraestructura

El repunte reciente en la construcción responde principalmente al sector privado, mientras la obra pública sigue rezagada, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). El CFIA calcula que solo el 15% de los metros cuadrados en construcción corresponden a obra pública, cuando debería rondar el 30%. Ambos gremios piden priorizar proyectos como San José-Cartago, la ampliación de la Ruta 27, San José-San Ramón, la carretera a San Carlos, el sector Zurquí de la Ruta 32 y la Costanera.

CCSS

La Caja atendió solo 5 de las 73 debilidades que la Supén le señaló hace un año en la gestión del régimen de pensiones IVM, pese a que varias advertían riesgo de pérdida de recursos y fraude. Otras 52 permanecen en proceso y 16 siguen pendientes; se suman 11 oportunidades de mejora notificadas desde 2021 que tampoco se han resuelto. El IVM, con 1,63 millones de cotizantes, usó ¢50.000 millones de su reserva en 2025 ante el incumplimiento parcial del Estado, lo que podría adelantar el agotamiento del fondo, antes proyectado para 2047.

Asamblea Legislativa

El Directorio legislativo recibió una denuncia contra el diputado José Miguel Villalobos, del PPSO, por presunta violencia contra mujeres en política, presentada por una diputada del Frente Amplio cuyo nombre se mantiene confidencial. La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que el trámite seguirá el procedimiento establecido, que incluye una comisión investigadora con paridad de género y un plazo máximo de tres meses para rendir informe.

*Con asistencia de IA Claude para infografías y resumen de datos.