Las instituciones del Estado no podrán promover sus logros desde el 2 de octubre, según estableció la resolución Nº 4190-E8-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

De esta manera, no podrán usar las plataformas institucionales, ni redes sociales, para presumir aparentes logros que incidan en las personas, de cara a los comicios electorales del próximo febrero.

Según el artículo 142 del Código Electoral y una nueva interpretación de los y las magistradas electorales, emitida el pasado 20 de junio, la responsabilidad del TSE es que la cancha esté nivelada, sin ventajas para el Gobierno.

Dicha resolución se amplía con pronunciamientos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La restricción aplica desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones nacionales, el 2 de octubre, y hasta 1 de febrero, del 2026 y aplica a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, las alcaldías y los concejos municipales y rige a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones.

El TSE aclara que esta restricción aplica a espacios en medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación digitales y plataformas digitales institucionales, medie pago o no.

Esta medida se fundamenta en la decisión del Constituyente de 1949 y su definición clara de que “ninguna de las fuerzas políticas en contienda obtuviera ventajas indebidas del aparato público”, es decir, el espíritu así establecido de esa norma, a pesar de que en la actualidad el gobierno actual ha usado recursos públicos para darse ventaja electoral.

Según el razonamiento de los y las magistradas del TSE, “la Constitución Política califica de garantía del sufragio la “imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas” (ordinal 95.3). 

¿Respetará Chaves esta resolución?

De entrada, para quien sabe cómo se comporta Rodrigo Chaves, la respuesta sería que no lo hará, o bien, buscará la forma de evadirla.

Esta resolución pone en la palestra si los programas o espectáculos, y que denomina conferencias de prensa, que crea el Gobierno, serán permitidos o tolerados por la autoridad electoral, porque se trata claramente de plataformas de divulgación de supuestos logros del Ejecutivo.

Si se conserva el espíritu del Constituyente y si la resolución se cumple, todo indicaría que se viene una disputa en este tema, porque es claro que Rodrigo Chaves buscará irrespetar la resolución con alguna retórica que le permita -según su interpretación – retar a la autoridad electoral porque, como se ha visto, no respeta la división de poderes y las diferentes autoridades del estado social de derecho.