En el discurso de toma de posesión del 8 de mayo del año 2022, Rodrigo Chaves Robles dijo que “jamás usaré la excusa de que este país no se puede gobernar“.

“El cambio que exige el país no se trata de una ambición ni de un proyecto personal de un hombre llamado Rodrigo Chaves, sino del rescate de una democracia“, agregó Chaves en aquel discurso.

En su primer discurso como presidente de Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa para ser un presidente ecuánime y que realmente parecía asumir la responsabilidad de gobernar con el sistema legal y democrático del país.

Hoy, casi 3 años después, el presidente Rodrigo Chaves ha indicado de múltiples maneras lo contrario, ha dicho “que no lo dejan gobernar” y usualmente culpa a las demás instituciones del estado de que no pueda avanzar en sus propuestas.

Proyectos fundamentales que impulsó fracasaron porque enfrentar serios errores de creación, algunos, y de legalidad y constitucionalidad, otros. La Ley Jaguar no es el único proyecto que fracasó por mala elaboración, también están los casos de los proyectos para la venta del Banco de Costa Rica y la unificación de las instituciones de vivienda –Banhvi, Invu y Ministerio de Vivienda-.

Lo anterior se suma a decretos que fueron declarados inconstitucionales o legales y proyectos que buscan mecanismos al margen de la Ley, que fueron detenidos por la Contraloría General de la República, como el caso de Ciudad Gobierno o la marina de Limón. En Ciudad Gobierno, un proyecto que quedó prácticamente listo, el presidente Chaves y su equipo quisieron proponer un mecanismo que claramente era ilegal, porque ponía al estado a alquiler una infraestructura construida sobre su propio terreno.

Al principio de gestión, la diputada Pilar Cisneros empezó atacando mandos medios, a quienes culpaban de entrabar la gestión de Chaves, pero luego se ensañaron contra los jerarcas, como los magistrados de la Corte Plena y la Sala Constitucional, la contralora Marta Acosta y los diputados del Congreso. Incluso atacaron funcionarios del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Más recientemente, en todos esos casos, el presidente Chaves Robles ha culpado a las instituciones que hacen respetar la ley o la cumplen como corresponde y se les obliga, como la Contraloría, la Sala Constitucional, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, entre otras.

La oposición y analistas políticos, por su parte, hacen severas críticas a las actitudes y actos políticos anti democráticos que Chaves reitera cada semana, lo que plantea una situación muy contraria al “rescate de una democracia” que planteó aquel primer año.

El presidente ha realizado recurrentes y cada vez más agresivos ataques a los demás poderes del estado, el Legislativo y Judicial, incluyendo a sus jerarcas en lo personal, Rodrigo Arias Sánchez y Orlando Aguirre. Los seguidores del chavismo repiten lo que el gobernante vocifera, incluyendo un empresario de origen venezolano, quien financió vallas publicitarias contra Arias, Aguirre, la contralora Marta Acosta y el Fiscal General Carlo Díaz, a quienes el presidente Chaves ataca en sus programas de propaganda política junto a la prensa lacaya que se alinea con sus intereses.

Las vallas que respaldan la dictadura en Costa Rica: ¿Quién paga esa propaganda política chavista contra las instituciones democráticas que controlan la aplicación de las leyes?

Muchos proyectos fueron retrasados o cercenados por poses políticas, como sucedió con el hospital de Cartago, el tren eléctrico -que aún no tiene ni un boceto como alternativa-, el proyecto de Agua para Guanacaste, entre otros. Algunos proyectos empezados en la administración anterior se han ido terminando poco a poco con retrasos, pero no se han empezado obras notables para que sean continuados en el próximo gobierno.

Al revisar los proyectos significativos para el país, se puede ver que no ha existido una propuesta propia de esta administración, porque sus proyectos estrella fracasaron por mala estructuración.