Los magistrados y las magistradas de la Sala de Casación Penal del Poder Judicial tomarán acciones inmediatas para mejorar seguridad de sus funcionarios, mediante una solicitud a la Corte Plena que será interpuesta este próximo lunes.
Preocupa de manera reiterada a las autoridades judiciales “el aumento de violencia que vive el país” y las situaciones de agresiones que vienen sufriendo sus funcionarios e instalaciones, principalmente en la provincia de Limón, y concretamente en Batán y ahora Guápiles.
La reacción, que para algunos es tardía, se da luego del intento de asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial de Pococí, quien se encuentra en estado de gravedad en el hospital, luego de recibir múltiples impactos de bala de gatilleros que llegaron a las mismas oficinas del OIJ en Guápiles. Ayer por la noche se reportó este acto que, según parece, produjo una balacera y dio como resultado al jerarca gravemente herido.
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Plantean las magistraturas que buscarán “articular con otros órganos del estado soluciones que brinden seguridad a nuestras personas funcionarias, en sus labores al servicio de la justicia y el país”.
Aunque el Poder Judicial no lo dice en su comunicado, es vox pópuli en ese poder de la República que el crecimiento de la inseguridad y la violencia por el crimen organizado en el país es también parte de un discurso agresivo y violento que usa el presidente Rodrigo Chaves.
La situación de la inseguridad en el país es aun más grave en los últimos tres años, según los datos que se reportan por homicidios y otros indicadores. El Gobierno se ha dedicado a culpar a los funcionarios del Poder Judicial, como magistrados, jueces, así como a funcionarios del OIJ y Fiscalía, a las leyes del país y otras instituciones del Estado. Eso genera una situación de agresividad en los grupos de delincuencia organizada contra esas entidades, según han planteado especialistas en temas de criminología.
El comunicado:
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