Los recortes de Rodrigo Chaves, como jerarca del Ministerio de Hacienda, comprometen la lucha contra el crimen organizado y la eficiencia en los servicios que ofrecen todas las instituciones del Poder Judicial.
La Corte Plena acordó realizar el recorte presupuestario por ₡13.242.080 millones en ejecución para este 2026, “en atención a la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país”.
A pesar de esa aceptación, el tercer poder de la República advierte que esos recortes en su presupuesto tendrán “consecuencias en la prestación de servicios y a iniciativas dirigidas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la agilización de procesos judiciales”.
Según explicó la Corte Plena, del monto total recortado, ¢8.687.877 corresponden a recursos aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior, para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas y apertura de dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas, y una oficina policial en Puerto Jiménez, zonas estratégicas por su ubicación, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Esta situación debilitan el control, seguimiento y combate estratégico en las zonas donde el trasiego de drogas es común a través de las costas, como puntos de ingreso y transporte.
El Poder Judicial explicó que “aunque esos fondos fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial, Hacienda no autorizó ejecutarlos; además, fueron eliminados del presupuesto de 2027 por dicha cartera. El monto restante corresponde a remanentes producto del tipo de cambio del dólar, contrataciones sin ofertas y reprogramación de proyectos de construcción”.
Sin esos fondos fundamentales, instituciones como el OIJ y la Fiscalía, así como los servicios judiciales no se pueden garantizar, como “la atención de la ciudadanía, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas”.
En todo caso, el Poder Judicial afirma que con este ajuste puede realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales, pero que otro recorte en su presupuesto podría inutilizar esos servicios, porque obligaría a medidas más drásticas.
La institución destaca además “su sólida ejecución presupuestaria: en 2025 alcanzó un 97%, mientras que en 2024 y 2023 registró un 96% y un 95%, respectivamente. Estos resultados evidencian una gestión eficiente de los recursos públicos y un firme compromiso con el cumplimiento de las medidas de disciplina fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público”.
“Con relación a la solicitud de rebajo de ¢26.549 millones al anteproyecto del presupuesto para el año 2027, la Corte, por mayoría, acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas. El Poder Judicial —integrado por juezas y jueces, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Suprema de Justicia y las dependencias administrativas— reafirma su compromiso con Costa Rica y con la ciudadanía”, pese a las limitaciones presupuestarias, afirmó la entidad.
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