Las contrataciones por excepción de la Municipalidad de San Carlos, compras que se hacen sin licitación, exponen a la administración a riesgos de discrecionalidad y de vulneración del régimen de prohibiciones, que impide contratar con funcionarios y personas vinculadas a ellos. Así lo advierte la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría fechado el 20 de octubre.
Entre 2024 y 2025, el gobierno local realizó 211 contrataciones por excepción, por ₡488 millones. La CGR revisó una muestra aleatoria de 48 expedientes, por ₡103,94 millones, y concluyó que hay un incumplimiento generalizado de aspectos significativos de la normativa.
La Ley General de Contratación Pública establece la licitación como regla, porque obliga a competir entre oferentes. Las excepciones permiten saltársela en casos puntuales, como un proveedor único, una obra artística o una reparación imprevista, pero exigen justificar con estudios legales, técnicos y financieros por qué esa vía es la mejor para el interés público.
En San Carlos, esa justificación no aparece. En el 100 % de los expedientes revisados no hubo estudio de mercado ni análisis que demostrara que el precio pagado era razonable. Según la CGR, eso debilita la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
La excepción más usada fue la de proveedor único, con 107 contrataciones por ₡321,47 millones. Para usarla, la municipalidad debe publicar una invitación al menos tres días hábiles, para comprobar que ningún otro proveedor puede ofrecer el bien o servicio. En 21 de los 27 casos revisados, el 78 %, no se respetó ese plazo.
Los controles para prevenir conflictos de interés también fallaron. La municipalidad exige a los oferentes cuatro declaraciones juradas para verificar que no están cubiertos por el régimen de prohibiciones, incluida una sobre sus beneficiarios finales y la propiedad de sus acciones. En 6 de los 48 casos no se presentó ninguna, y en otros 28 solo se adjuntaron algunas.
En las contrataciones de bienes y servicios artísticos y culturales, seis casos por ₡21,59 millones, tampoco se acreditó el precio ni las cualidades, el talento o el estilo que justificaran escoger a un artista y no a otro. En las pautas en medios de comunicación no se acreditaron los criterios para seleccionar los medios.
La CGR revisó además dos contrataciones con el Instituto Nacional de Seguros adjudicadas en el sistema de compras públicas (SICOP) por ₡1 y ₡5. La Proveeduría explicó que son montos instrumentales para configurar el sistema, pero la Contraloría concluyó que la práctica no se ajusta a la ley, que obliga a estimar el monto real de cada contratación.
Según el informe, la municipalidad cuenta con un manual de ética y una directriz contra la corrupción, pero esta última tiene la base legal desactualizada y solo cubre al personal de la Proveeduría. Hasta 2026 la administración creó formularios de control, que no se han formalizado y se divulgaron solo por correo electrónico.
La CGR ordenó al alcalde, Juan Diego González Picado, actualizar los controles internos para fortalecer la integridad y prevenir actos de corrupción, definir acciones estratégicas para las compras por excepción y elaborar un plan de mantenimiento y sustitución de bienes. Los plazos van del 29 de enero al 30 de junio de 2027.
La municipalidad presentó observaciones al borrador del informe, que la CGR atendió en lo pertinente. El informe completo, DFOE-LOC-IAD-00008-2026, está disponible en el sitio de la Contraloría.
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