La investigación contra Ariel Robles aprobada este martes 20 de octubre por el oficialismo en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa provocó críticas de la oposición. Diputados del PLN y del Frente Amplio señalaron que Pueblo Soberano (PPSO) sí abre un expediente contra el exdiputado y excandidato presidencial por su llamado a la protesta, mientras rechaza o archiva otras investigaciones.
La diputada liberacionista Karol Matamoros lamentó que se use esa comisión para “hacer politiquería”. Recordó que el mismo oficialismo que hoy votó por investigar a Robles, por presuntamente incitar a actos de violencia, archivó una investigación sobre el debilitamiento de las políticas públicas para mujeres jefas de hogar, presentada en la legislatura anterior.
Matamoros agregó que en julio pasado el PPSO votó en contra de su moción para abrir una investigación sobre la enfermedad renal crónica no tradicional en Guanacaste. Según la diputada, esa enfermedad mata 25 veces más en esa provincia que en el resto del país.
En la Comisión de Ambiente, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, denunció que la fracción de Gobierno rechazó, sin mayores explicaciones, su moción para investigar los posibles nexos entre el oro extraído ilegalmente en Crucitas, el crimen organizado, la presunta legitimación de capitales y conciertos en los que la presidenta Laura Fernández ha ocupado puestos VIP.
Araya explicó que buscaban saber por qué la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) no estaba enterada y por qué no se tomaron precauciones para que la jefa de Estado no quedara involucrada. También preguntó cómo es posible que salgan kilos de oro por el aeropuerto declarados como chatarra sin que nadie lo detecte.
La extracción de oro en Crucitas es ilegal en Costa Rica, pero grupos organizados la mantienen pese a la persecución policial. Araya fue el abogado que, años atrás, logró frenar el proyecto de minería de oro a cielo abierto en esa zona.
Los rechazos de esta semana se suman a un patrón que CulturaCR.net documentó en la serie Mordaza a la rendición de cuentas. Desde marzo, el bloque oficialista ha frenado al menos ocho investigaciones, comparecencias o mociones de fiscalización contra jerarcas del Gobierno y de instituciones públicas.
Entre esos episodios figuran el archivo de nueve expedientes de investigación heredados de la legislatura anterior, el 11 de junio, y el rechazo a convocar a la presidenta Fernández para que explicara el decreto de secreto de Estado, el 13 de agosto. El 17 de setiembre, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público rechazó en una sola sesión investigar al AyA, los Cen-Cinai y el contrato de Open English con el INA, todas las mociones por 5 votos contra 4.
Ese mismo 17 de setiembre, el oficialismo aprobó en el Plenario, con sus 29 votos, remitir al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Elecciones las declaraciones de la diputada opositora Abril Gordienko sobre un presunto ofrecimiento de votos a cambio de dinero durante la campaña.
“No se puede desvirtuar el trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos”, afirmó Matamoros.
“Para abrir una investigación a Ariel Robles, por haber llamado a la gente a la protesta social, para eso sí están disponibles”, cuestionó Araya.
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