Juezas de Costa Rica recriminan a Rodrigo Chaves sus nuevos ataques a Poder Judicial y, en particular, a una jueza de la República que tomó una decisión que no les gustó.

Como es un comportamiento habitual, el presidente Chaves Robles hizo público el nombre de la funcionaria judicial en su conferencia de prensa como una forma de realizar un ataque personal, uno que busca tener eco en los cuadros chavistas que han demostrado ser agresivos e irreflexivos en las redes sociales. Es un ataque, como es usual, al prestigio profesional de las personas.

La jueza del Juzgado Contencioso de Hacienda resolvió una medida cautelar que suspende el acto del decreto firmado por Chaves para disminuir el arancel del arroz de un 36% al 5%, como parte del proceso, que aún no culmina y todavía tiene pendiente el juicio interpuesto por los arroceros nacionales contra el decreto.

La Asociación Costarricense de Juezas tuvo que explicarle al presidente que solamente se trata de una medida cautelar y uno una decisión sobre la legalidad o ilegalidad del decreto, como afirmó Chaves.

Pero más grave aún recrimina la organización al mandatario su conducta al insinuar abiertamente que la jueza encargada del caso “está al servicio de ´los oligarcas industriales del arroz´”, como aseveró Chaves en su exposición del miércoles pasado.

Según las juezas, eso configura “un ataque personal contra la señora jueza” que, además, se realiza “sin presentar pruebas, ni fundamento, con el único fin de deslegitimar la decisión, trasmitiendo a la ciudadanía el falso mensaje de que los jueces y las juezas de este país, toman sus decisiones movidas por influencias ajenas a la aplicación de la ley”.

La entidad de juristas además le recordó al presidente que si quiere dar “una buena pelea dentro del marco de la ley” -como afirmó el miércoles, en lugar de despotricar contra las personas y hacer esos ataques personales e insinuaciones de mal gusto, lo que debería es enterarse que para eso existe la Procuraduría General de la República, el conocido como abogado del Estado, desde donde puede manifestar su disconformidad “desde el punto de vista jurídico y político con lo resuelto”.

Esas declaraciones fueron realizadas mediante un comunicado público que le compartimos: