El Periodicocr.com* | La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) denunció que, a seis meses de la puesta en marcha del sistema informático ERP–SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), persisten fallas estructurales de alta gravedad que comprometen la gestión financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de manera directa, la calidad de los servicios de salud que recibe la población.

Según el sindicato, pese a que durante meses autoridades de la CCSS y del Gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, informes técnicos recientes evidencian que la plataforma fue lanzada sin cumplir condiciones técnicas mínimas, generando una crisis institucional cuyas consecuencias aún no han sido corregidas.

Undeca advirtió que, a la fecha, no se han logrado consolidar los inventarios ni certificar adecuadamente las cargas iniciales del sistema.

Tampoco ha sido posible realizar el primer cierre contable integral, mientras se mantienen diferencias millonarias sin respaldo técnico claro, lo que pone en riesgo la confiabilidad de los estados financieros de la institución.

“Forzar cierres contables en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o incluso falsos, con consecuencias legales y administrativas graves”, señaló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de Undeca.

Agregó que también se han detectado problemas en el control de inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre los registros del sistema y las existencias físicas, así como la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos.

Esta situación, indicó, compromete la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud.

El sindicato sostiene que el sistema fue puesto en funcionamiento con datos incorrectos, cargas mal ejecutadas y procesos incompletos, sin que exista claridad sobre cuántos inventarios están registrados, dónde se ubican ni cuál es su valor real. En ese contexto, recordó que la contabilidad pública no es un trámite administrativo, sino una responsabilidad legal que exige que las cifras reflejen fielmente la realidad financiera de la institución.

Además, cuestionan además la aprobación y el pago de un sistema cuyo arranque operativo habría costado más de dos millones de dólares, pese a no cumplir con los requisitos técnicos mínimos.

A juicio de la organización, esta decisión podría configurar incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, por lo que exigió una investigación administrativa y judicial independiente.

Finalmente, la organización denunció intentos por modificar cronogramas y minimizar fallas ya materializadas, en lugar de informar con claridad a la ciudadanía. “Esto no es transparencia, sino un manejo político de una crisis técnica, que traslada el costo del error a las personas trabajadoras y a la población usuaria”, afirmó el sindicato, al reiterar que denunciar irregularidades no constituye sabotaje, sino una defensa de la CCSS, de los recursos públicos y del derecho a la salud y a pensiones dignas.

*En alianza informativa.