Las rebajas en los precios de la electricidad, usualmente en invierno, se deben al excedente eléctrico que el Instituto Costarricense de Electricidad vende internacionalmente.
Las ganancias por la venta de ese excedente son trasladas, por Ley de la República, a cada uno de los cerca de 5 millones de consumidores que tiene el país, en modo de una rebaja en su recibo eléctrico mensual. Esa es la misma rebaja de la electricidad que presumía el presidente Rodrigo Chaves en meses anteriores.
Con la época lluviosa la producción de electricidad hidroeléctrica del ICE es tan grande que se puede vender a otros países, pero si se aprueba la nueva ley que se tramita en el Congreso estos días, esa ganancia irá a las pocas manos de 9 generadores privados, quienes podrán vender a nivel internacional la electricidad que no consume el ICE para el supuesto mercado local (que no existe realmente). Así lo denuncian la agrupación Frente Amplio y la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel).
El proyecto fue dispensado de trámite por todas las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa ayer jueves, de manera que pasará como prioridad al orden del día para votarse en primer debate próximamente. Solamente el Frente Amplio se opuso a la dispensa y, al parecer, es el único partido político que opone el proyecto que, también, apoya el Gobierno de Rodrigo Chaves. El único problema será que en los próximos meses y años, de aprobarse esta propuesta, el presidente ya no podrá presumir ese rebajo en la electricidad.
Según el Frente Amplio, “la iniciativa de ley protege solo a 9 generadores privados y quieren garantizar el lucro para este sector económico poniendo en riesgo la seguridad energética nacional”.
Se traslada la ganancia por el excedente eléctrico
El excedente eléctrico genera una ganancia multimillonaria, por esa razón los generadores privados -que nunca fueron necesarios en el país- impulsan esta ley para su propio beneficio. Se trata, según las organizaciones que defienden al ICE, de un traslado de las ganancia, de las manos de los más de 5 millones de costarricenses (y extranjeros) a las cuentas bancarias de unos pocos inversionistas.
“El poner en manos de generadores privados las ganancias de la venta en el mercado regional, implica desproteger esas tarifas más cómodas a nivel nacional que hoy cobra el ICE, pues la venta de los excedentes se traduce en las tarifas”, sostiene el partido político.
La misma Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), mediante el oficio OF-0611-RG-2022 del 16 de diciembre de 2022, expresó directamente que este proyecto afectará las tarifas de la electricidad en el país.
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También el ICE, mediante oficios SACI: 257-215-2022 del 21 de abril de 2022 y 256-110-
2021 del 20 de agosto de 2021, expresó su oposición a este proyecto por considerarlo lesivo de la institución, pero además de los consumidores finales.
Entre los interesados en el negocio eléctrico están grupos empresariales ligados a políticos de partidos políticos tradicionales, entre quienes se han nombrado a la misma familia Arias Sánchez, del hoy presidente de la Asamblea Legislativa, quien estaría legislando -con la complicidad del Gobierno- en beneficio propio, según el criterio de los grupos de presión que han denunciado esta iniciativa de ley.
Sergio Ortiz Pérez, presidente de Acotel, ha dicho en varias ocasiones que las nuevas políticas de esta administración hacia el ICE buscan dinamitarlo por dentro, desde la misma dirección ejecutiva, con el apoyo a proyectos como el cuestionado. La venta del excedente eléctrico en manos del ICE es fundamental para mantener precios cómodos de la electricidad, de manera que cuando esta empresa del estado no pueda hacer esa rebaja en la electricidad la culpa le será trasladada, afirma Ortiz.
“La exposición de motivos del proyecto señala que llevará a ‘tarifas competitivas’; sin embargo, los actuales jerarcas del ICE no logran señalar cuáles ni de cuánto serían esos posibles cambios tarifarios. No hay un respaldo técnico que fundamente las afirmaciones del proyecto de ley”, agrega el Frente Amplio entre las afectaciones a los usuarios de este servicio.
Esta iniciativa de ley fue ideada en el Gobierno de Carlos Alvarado por el enlace con las empresas privadas, André Garnier, antes las demandas de esos generadores privados. Desde ese momento, las agrupaciones sociales en defensa del ICE, así como sus sindicatos, estuvieron en desacuerdo.




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