Una nueva mentira de Nogui Acosta y Rodrigo Chaves se dio el pasado miércoles. El Poder Judicial vuelve a desmentir al Gobierno, como viene siendo casi una rutina cada semana, después del programa de propaganda política de Casa Presidencial.

Nogui Acosta dijo que ₡20.000 millones no fueron gastados por el Poder Judicial, “entonces aquí es muy fácil venir a decir que van a tomar recursos del presupuesto para poder resolver el tema de justicia cuando ellos ni siquiera han hecho el ejercicio de priorizar“, según dijo Acosta en el programa de ayer miércoles.

En esta ocasión, el Poder Judicial tuvo que dejar en falso lo dicho por el ministro, porque los datos oficiales indican que alcanzó en 2024 una ejecución presupuestaria del 96.44% de los recursos asignados, considerado un “Cumplimiento Alto” según la escala del mismo Ministerio de Hacienda. Para comprender ese porcentaje se debe saber que los ministerios del Gobierno central tienen ejecuciones presupuestarias que promedian el 90%, como el caso del Ministerio de Cultura y Juventud en el año 24.

“Es importante aclarar que no quedaron disponibles ₡20.000 millones, como se ha indicado; de esa suma, más de ₡7.000 millones corresponden a compromisos reales con proveedores que, debido a los plazos de entrega, se cancelarán en 2025“, explicó el Judicial. Con ese dato la ejecución presupuestaria se eleva al 97.91%.

Eso reduce a ₡13.000 millones el monto no ejecutado que, según comunica el Judicial, se debe también a modificaciones presupuestarias que fueron aprobadas tardíamente y no hubo tiempo para implementarlas. Así las cosas, las declaraciones de Nogui Acosta, en respaldo del presidente Chaves, no cumplen criterios de verdad ni técnicos, sino solamente político-electorales.

Acosta, además, dijo el miércoles que el problema principal es que “que si necesitan hacer una modificación presupuestaria para poder darle esos recursos al OIJ nosotros lo hacemos mañana, que si necesitan un presupuesto extraordinario para pasar recursos y poder pasarlos para usarlos eficientemente, y no que le sobre 20.000 millones cada final de año, lo podríamos hacer“, vociferó Nogui Acosta.

Sin embargo, el Poder Judicial también desmintió eso: “Las modificaciones presupuestarias a menudo se aprueban con retraso. Por ejemplo, en 2024, ₡2.500 millones se incorporaron el 21 de noviembre, limitando su ejecución. Además, recursos solicitados para el OIJ en marzo se aprobaron hasta el 30 de mayo. De los ₡6.000 millones aprobados por moción legislativa, ₡3.420 millones se asignaron en febrero y ₡2.579 millones en junio, lo que también afectó su ejecución”, aclaró la institución judicial de Costa Rica.

“El Poder Ejecutivo da todos los recursos que la Corte Plena puede gastar”, agregó Nogui Acosta.

Mediante un comunicado, el Judicial agregó que regularmente realizan una sana rendición de cuentas ante el Ministerio de Hacienda de los fondos utilizados, contrario a lo que Acosta quiere insinuar en su alocución.

Además, explican que realizan un ejercicio de priorización para desmentir, además, que el Ejecutivo da “todos los recursos que la Corte Plena puede gastar -como dice el ministro-, porque “casi el 90% del presupuesto se destina al pago de servicios del personal, limitando la capacidad de modificarlo; este rubro se ejecutó en un 99.65%“.

“A lo largo de su historia, el Poder Judicial ha asumido instituciones como el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, además de nuevas funciones derivadas de reformas legales. Aunque se priorizan necesidades anualmente, el límite de recursos definido por el Ministerio de Hacienda no es suficiente para cubrir todas las obligaciones, por lo que se remiten solicitudes de financiamiento adicional”, agrega el comunicado judicial.

Las falsedades emitidas por Acosta Jaen se dieron porque Rodrigo Chaves reaccionó deplorando que se culpe al Gobierno por no girar 9.500 millones que Nogui Acosta mantiene retenidos al Poder Judicial y en particular al OIJ, como parte de varios recursos que el Gobierno Chaves Robles viene negando a las instituciones judiciales en una clara disputa contra ese poder de la República, cuyo propósito claramente es incendiar el descontento popular y lograr un aprovechamiento electoral.

Rodrigo Chaves quiere juzgar sin juicio

Según Chaves se trata de “mercadear” con la muerte del oficial caído en Guápiles, “una estrategia asquerosa de quienes lo han argumentado, me vienen a la mente Orlando Aguirre, Randall Zúñiga, director del OIJ”, citó Chaves como lo hace siempre con ataques personales.

Además, Chaves reclamó que el Juzgado Penal de Pococí liberó 3 de los implicados en el asesinato por falta de pruebas, según establece la ley.

Un año de prisión preventiva para presunto asesino del subjefe del OIJ de Pococí y por prueba insuficiente se liberan los otros 3 sospechosos

“Dejan a uno guardado y un colega de don Geiner suelta a los otros tres y eso sí no lo han criticado Orlando Aguirre, Carlo Israel Díaz y Randall Zúñiga, diay, por qué hueso los soltó, diay, si los agarraron en pelota, seguro que andaban jugando cromos o jackses juntos, no, no no, los malos se juntan para hacer maldades”, aseveró el presidente Rodrigo Chaves, quien parece ignorar los principios básicos del derecho y la legislación costarricenses, porque es claro que con esas presunciones, especulaciones y teorías conspiracionistas que emite Chaves no se puede detener a una persona.

Los jueces deben verificar la existencia de pruebas, no solamente basarse en especulaciones de la gente o presunciones no demostradas. “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, dicta el principio jurídico.