• Aunque Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios y una violencia ligada al crimen organizado al alza, el Ministerio de Hacienda mantiene congelados recursos clave aprobados para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público.

LaRegion.cr* | El Poder Judicial advirtió, mediante un documento enviando el pasado 13 de enero al ministro de Hacienda Rudolf Lücke Bolaños, el impacto “directo y demoledor” sobre los planes de trabajo del OIJ y del Ministerio Público para combatir la criminalidad organizada la decisión de no trasladar ₡8.687 millones incorporados al Presupuesto 2026 para el OIJ y el Ministerio Público, fondos aprobados por la Asamblea Legislativa.

Hacienda decidió “mantener en estado de no ejecución” cerca de ₡8.687 millones incorporados al Presupuesto 2026 para el OIJ y el Ministerio Público, fondos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear nuevas plazas, pagar arriendos y fortalecer la flota de transporte. La instrucción salió del despacho del ministro Rudolf Lücke, alegando que “no resulta prudente” ejecutar estos gastos frente a las obligaciones por intereses de la deuda interna.​

Esta orden implica que, en la programación de cuotas trimestrales para 2026, no se considerará ese monto, pese a que fue incorporado mediante mociones específicas de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. En la práctica, Hacienda está dejando sin efecto una decisión legislativa tomada precisamente para responder al repunte de homicidios y expansión del crimen organizado.​​

Ola de homicidios y crimen organizado

El OIJ confirmó que Costa Rica cerró el 2025 con 873 homicidios, lo que convierte ese año en el tercero más violento de la historia, solo superado por 2023 (905) y 2024 (876). Esto equivale a un promedio de 2,3 a 2,5 asesinatos diarios y a una tasa de 16,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, con especial concentración en San José, Limón y otras zonas de alto conflicto.​

La mayoría de estos crímenes tiene como móvil el ajuste de cuentas o venganza entre estructuras criminales, lo que evidencia la consolidación de redes de narcotráfico y bandas armadas que disputan rutas, territorios y puntos de venta. Especialistas advierten que el país vive un proceso de “normalización” de la violencia, donde la sociedad se acostumbra a los asesinatos y los percibe como parte del paisaje cotidiano.​

Advertencias del Poder Judicial

En su carta al ministro de Hacienda, el magistrado presidente Orlando Aguirre califica el impacto de la decisión como “directo y demoledor” sobre los planes de trabajo del OIJ y del Ministerio Público para combatir la criminalidad organizada. El jerarca recuerda que las nuevas plazas y recursos buscaban responder a la presión de casos, plazos procesales y a la necesidad de una presencia territorial más robusta.​

El fiscal general Carlo Díaz señala que la falta de talento humano incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y posibles responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado, al impedir cumplir los plazos del proceso penal. A su vez, el director general a.i. del OIJ, Michael Soto, advierte que la no ejecución de las plazas aprobadas reducirá la cobertura investigativa, aumentará los tiempos de respuesta y limitará diligencias clave como allanamientos, vigilancias e intervenciones oportunas.​

Zonas críticas sin el refuerzo prometido

Las plazas del OIJ que quedan en el aire estaban destinadas a la puesta en operación o fortalecimiento de sedes en La Cruz, Tamarindo-Tempate-Cabo Velas y Puerto Jiménez, además de custodios de detenidos en todo el país. Se trata de sectores descritos por el propio OIJ como “territorialmente vitales y estratégicos”, altamente expuestos a dinámicas criminales complejas, con movilidad transnacional, control de rutas y asentamientos operativos.​

Según el documento, la ausencia de personal asignado en estas sedes genera una disminución objetiva de la cobertura operativa en territorios de alta conflictividad y una mayor exposición al riesgo de “saturación operativa, acumulación de casos y pérdida de capacidad reactiva”. En un país que acumula tres años consecutivos con cifras récord de homicidios, dejar sin efecto estos refuerzos equivale, en los hechos, a desarmar a las instituciones encargadas de investigar y judicializar al crimen organizado.​​

Choque entre prioridades fiscales y seguridad

La decisión de Hacienda se justifica en principios de legalidad presupuestaria y en la prioridad de atender el pago de intereses de la deuda, pero el Poder Judicial recuerda que los recursos en disputa ya fueron autorizados por el Congreso para fortalecer la respuesta penal al auge de la violencia. El choque de criterios deja al descubierto una tensión de fondo: mientras las cifras de homicidios confirman una crisis de seguridad sostenida desde 2023, la política fiscal del Ejecutivo recorta precisamente las capacidades de investigación y persecución penal.​​

Desde la perspectiva institucional, la no transferencia de estos fondos envía una señal contradictoria a una ciudadanía que ve cómo se multiplican los asesinatos ligados a ajustes de cuentas y disputas por drogas, al tiempo que se le pide “confianza” en un sistema de justicia cada vez más saturado. El mensaje del magistrado presidente es claro: sin la liberación de los recursos que la Asamblea ya asignó, el OIJ y el Ministerio Público seguirán enfrentando al crimen organizado con una estructura debilitada y sin los mínimos necesarios para contener la ola de violencia que marca al país desde hace tres años.

*En alianza informativa.