La Región* | Un grupo de niños y niñas de Chorreras, en Cutris de San Carlos, no pudo celebrar este año la tradicional fiesta de la alegría ni su graduación de sexto grado, luego de haber sido desalojados de su comunidad y perder sus casas, su escuela y su templo.

El supervisor del circuito educativo que atendía la escuela de Chorreras, Mainor Varela, explicó que el 2025 fue especialmente difícil para la comunidad. Diez menores lograron graduarse en una ceremonia realizada en Moravia de Cutris, lejos del lugar donde antes vivían.

“Este año fue complicado para todos. No pudimos celebrar la fiesta de la alegría y la graduación tuvo que hacerse en Moravia. La Junta de Educación aportó fondos para el transporte, pero algunos estudiantes estaban incluso del otro lado de la frontera”, detalló Varela.

Según el supervisor, varios padres de familia tuvieron que financiar el traslado de sus hijos, recurriendo a rutas alternativas por Tiricias, debido a las restricciones de paso entre El Roble y Chorreras. “Ni siquiera fue un esfuerzo del MEP, sino de la junta y los padres que lograron coordinar los viajes”, añadió.

Problemas de documentación y migración

Varela también señaló que varios de los graduandos enfrentan situaciones migratorias complejas. Algunos son costarricenses con padres nicaragüenses, y otros no cuentan con documentos.
“El Ministerio de Educación no puede resolver esos casos, corresponden a Migración”, explicó el funcionario.

Desplazamiento y altos costos de transporte

Por su parte, Mario Cambronero, uno de los vecinos desalojados, denunció que el Gobierno impide el libre tránsito por los caminos entre El Roble y Chorreras, lo que obliga a las familias a buscar rutas más largas y costosas.

“Hay niños que tuvieron que huir con sus familias a Nicaragua y no podrán asistir a la graduación. Para cruzar desde Tiricias les cobran hasta ₡70.000, y quienes viven en El Roble deben pagar cerca de ₡40.000 para llegar a Coopevega”, relató Cambronero.

Gobierno mantiene acusaciones

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad han insistido en calificar a los vecinos desalojados de delincuentes, argumentando que participan en minería ilegal, trata de personas y daños ambientales en la zona fronteriza.
Hasta la fecha, las autoridades no han presentado pruebas ni detenciones que respalden esas acusaciones.

Según un comunicado oficial, la zona donde se encontraban estas viviendas habría sido utilizada para actividades como extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, presión sobre la fauna silvestre y habilitación de actividades no autorizadas, incluyendo comercio informal y movimientos transfronterizos sin control.