La actual junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, creó un nuevo sistema de prepago obligatorio para el servicio eléctrico que afecta directamente a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

A esa conclusión llegan sindicatos, organizaciones sociales y se corrobora con un simple vistazo sobre cómo funciona esta medida que informó el ICE justo en el momento en que el Ejecutivo desconvocó todos los problemas importantes del Congreso para darle única prioridad a la apertura o privatización del mercado eléctrico en Costa Rica, ley 23.414, ley que impulsa el Gobierno Chaves Robles en confabulación con el PUSC y el PLP, un enorme negocio en beneficio de unos pocos inversionistas multimillonarios.

Según informó el ICE el sistema prepago para el servicio eléctrico será voluntario para quien lo desee, sin embargo, será obligatorio para quienes retrasan el pago del recibo de electricidad al menos 4 veces al año: los sectores más pobres de la sociedad, personas con discapacidad, personas desempleadas y sectores sociales con problemas.

El comunicado del ICE dice expresamente: “en casos de morosidad, se considerará como reincidente si se comprueban cuatro suspensiones en los últimos 12 meses. El cliente debe llegar a un arreglo de pago para ser trasladado, y podrá regresar a la modalidad tradicional después de 18 meses en prepago”.

Según el detalle, “el monto mínimo de recarga es de ₡3.000 y el máximo de ₡25.000; el saldo no vence a fin de mes. El día primero de cada mes se rebajarán ₡3.000 como cargo fijo. Al consumirse el dinero disponible, el servicio se desconectará”.

La consideración de fondo es que el servicio eléctrico es vital para cualquier hogar, sería como volver a las épocas cuando las familias quedaban sin electricidad constantemente por problemas diversos. No sucede así con el servicio de telefonía o Internet, que son servicios importantes, pero no esenciales para la población.

Según las críticas fuertes a esta medida controversial, los nuevos jerarcas del ICE quieren que el esa institución pierda su vocación social para convertirla en un simple competidor más del mercado; una amenaza a la visión y propósito con que nació esta empresa social costarricense. Así, indican, se puede justificar la privatización de los servicios eléctricos para el beneficio de unos pocos empresarios.

“No se trata de un asunto ideológico solamente, sino sobre cómo quieren convertir bienes y servicios esenciales de la sociedad costarricense, en un mercado donde técnicamente solamente puede el que tiene”, afirma un lector de apellido González.

La medida viene a complicar el modo y el acceso como los costarricenses hemos recibido el servicio eléctrico y amplía las posibilidades del ICE de cortar el servicio de manera indiscriminada y de manera reiterada a personas con dificultades económicas. Pero no solamente al ICE, sino a las empresas privadas que -si pasa la Ley 23.414- también ofrecerán el servicio. Es decir, se allana el camino de los intereses privados.

“La tarifa no varía entre la modalidad tradicional y la pospago, tanto en cambio voluntario como por morosidad. El servicio está sujeto al pago de impuestos”, comunica el ICE.

La otra dificultad es que solamente tendrán acceso al servicio quienes tengan un “medidor inteligente”, es decir, uno que permite al ICE desconectar el servicio remotamente.

El servicio quedó establecido en la resolución RE-004-IE-2023, publicada en el Alcance N.º 95, de La Gaceta N.º 92.