LaRegión.cr* | En una nota dirigida a la contralora Marta Acosta Zúñiga, OMERCON advierte que las decisiones tomadas por la administración superior del ICE, sobre contrato 5G del ICE, podrían vulnerar principios constitucionales, comprometer la autonomía institucional del Instituto y afectar la eficiencia de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON), presidido por el economista Welmer Ramos González, pidió a la Contraloría General de la República (CGR) ejercer medidas precautorias sobre el proceso licitatorio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la implementación de una nueva red 5G, valorada en $250 millones, al considerar que el procedimiento presenta riesgos legales, técnicos y patrimoniales graves para el Estado costarricense.

“Las actuaciones recientes del ICE, aunque revestidas de carácter técnico y administrativo, muestran señales de haber sido adoptadas sin sustento técnico y económico, y bajo influencias políticas externas que podrían comprometer la transparencia y la legalidad”, indica el documento.

Decisiones que ponen en riesgo el patrimonio estatal

OMERCON señala que el ICE contaba con una red 4G Huawei de cobertura nacional, que podía actualizarse al estándar 5G NSA (Non Stand Alone) con una inversión equivalente a apenas el 10% del costo de construir una red 5G completamente nueva (5G SA, Stand Alone).

A pesar de ello, en julio de 2025 el ICE publicó una licitación por $250 millones para sustituir toda su infraestructura actual por una red 5G SA bajo modelo Open RAN, desechando la alternativa más económica y rápida.

El cambio de enfoque, según el Observatorio, obedece a presiones políticas y externas, tras la emisión del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT en agosto de 2023, que impidió al ICE adquirir equipos de Huawei, limitando las compras a países firmantes del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

OMERCON sostiene que este decreto carece de fundamento técnico y constituye una “desviación de poder”, al utilizar un tratado internacional no relacionado con telecomunicaciones para excluir proveedores específicos, lo que violaría los compromisos de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.

Advertencias internas y denuncias de presiones políticas

Según el documento, la Auditoría Interna del ICE y sus órganos técnicos alertaron que esta decisión podría causar pérdidas de hasta ₡147 mil millones entre 2024 y 2028, debido a retrasos en la implementación y pérdida de competitividad.

La Auditora Interna, Lic. Ana Machuca Flores, denunció interferencia política y vulneración de la autonomía institucional. Posteriormente fue demandada penalmente por Casa Presidencial y acusada públicamente de corrupción por el presidente Rodrigo Chaves, situación que OMERCON interpreta como un intento de intimidación.

Asimismo, se menciona que la Embajada de Estados Unidos retiró visas a funcionarios y dirigentes sindicales del ICE críticos con el proceso, lo que el Observatorio considera una presión política externa que afecta la soberanía nacional, para beneficiar intereses foráneos de manera obligada.

Posible favorecimiento a una empresa estadounidense

OMERCON también cita denuncias de empresas competidoras como Nokia, Ericsson, AFN Global, Coasin y Sisap Infosec, las cuales habrían señalado que el cartel licitatorio fue diseñado a la medida de la empresa estadounidense Cisco, violando los principios de igualdad, libre concurrencia y transparencia establecidos en la Ley de Contratación Administrativa (N.º 7494).

Fundamentos jurídicos y solicitud a la Contraloría

La organización sostiene que las actuaciones del ICE y el decreto del Ejecutivo violan múltiples normas constitucionales y legales, entre ellas:

• Artículo 46 de la Constitución Política, sobre la libertad de comercio y libre competencia.
• Artículos 188 y 190, que garantizan la autonomía institucional del ICE.
• Ley Constitutiva del ICE (N.º 449), que establece su autonomía técnica y financiera.
• Ley General de la Administración Pública (N.º 6227), por ausencia de consulta pública.
• Ley de ARESEP (N.º 7593), que exige eficiencia en los servicios públicos.

En este contexto, OMERCON invoca los principios de periculum in mora (riesgo de daño irreparable) y fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), solicitando a la Contraloría detener cautelarmente la licitación mientras se aclaran los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión.

“Permitir que continúe un proceso de contratación de $250 millones sin justificación técnica suficiente podría consolidar un daño irreversible al patrimonio del ICE y a la calidad del servicio público”, advierte el documento.

OMERCON concluye que corresponde a la Contraloría ejercer control preventivo y correctivo, a fin de evitar la consolidación de un procedimiento que —a su juicio— vulnera la autonomía institucional, compromete la sostenibilidad del ICE y contraviene los principios de eficiencia y transparencia en la administración pública.