El Poder Judicial pagó exceso en incapacidades sin respaldo técnico durante un tiempo y eso generó que el exceso de pago fuera solicitado a los trabajadores que se incapacitaron para recuperarlo. Sin embargo, hay ₡7.468 millones de cargas patronales declaradas como incobrables.

De esos excesos pagados, ₡45.826 millones de subsidio se han recuperado y ₡484 millones están en proceso de recuperación, informó la Contraloría General de la República.

El Poder Judicial pagaba el total de las incapacidades a sus trabajadores, pero no debía hacerlo porque la CCSS se encarga de pagar un porcentaje, de manera que los funcionarios incapacitados recibieron en su momento un excedente fuera del marco legal.

“Es crucial corregir estas situaciones para asegurar el respaldo técnico de los salarios y prevenir pagos en exceso”, señala la Contraloría.

El Poder Judicial no desconoce, mediante una aclaración enviada, estos pagos improcedente, pero aduce que “desde el segundo semestre del 2024 se trabaja en el diseño de un nuevo modelo tecnológico para el pago de incapacidades. Su implementación está prevista para enero de 2026, como parte de un proceso de mejora y modernización institucional”.

En el video, Falon Arias Calero, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, explica la situación que se encontró en el estudio del órgano contralor:

Pagos de salario global diferenciado sin respaldo técnico

Además, la Contraloría denunció que 528 personas fueron remuneradas con salario global diferenciado no trazable y 3.433 movimientos de personal con incertidumbre sobre la correcta asignación de salarios diferenciados.

El Poder Judicial, no obstante, refutó que “estos pagos no son adicionales, sino que responden a factores relevantes activados por situaciones laborales específicas y temporales, como coordinación de despachos, disponibilidad fuera de jornada o funciones especiales”.

El Judicial afirma que “se trata de compensaciones condicionadas a circunstancias objetivas, que se reconocen conforme al marco jurídico interno del Poder Judicial. La Ley Marco de Empleo Público no contempla expresamente este tipo de factores, al tratarse de condiciones particulares no generalizadas”.

La escala salarial definitiva aprobada por la Corte Suprema de Justicia está incompleta, lo que genera pagos de salario global diferenciado sin respaldo técnico, explica la Contraloría después de su estudio.

Si ese problema no se corrige, la situación seguirá provocando problemas en los pagos, indica la Contraloría.

El tercer poder de la República indica que “reportó correctamente 13.465 movimientos de personal, todos debidamente registrados en el sistema institucional” y que entregó toda la información en regla a la Contraloría para su auditoría.

“Valoramos la labor de fiscalización como parte esencial de la democracia, y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia”, concluye mediante un comunicado el Poder Judicial.