Los continuos y reiterados recortes presupuestarios que realiza el Poder Ejecutivo al Poder Judicial pretenden inutilizar sus servicios a la ciudadanía, así lo sugieren los jerarcas de ese poder de la República mediante un comunicado.

El comunicado es producto de una conferencia de prensa realizada esta tarde, donde se comunicó que se trata de “limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal, afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como la reprogramación de juicios y la suspensión de diligencias judiciales”.

Es decir, deja al Poder Judicial desvalido en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, principalmente en su exitoso brazo operativo: el Organismo de Investigación Judicial.

Manifestaron que a pesar de que ellos mismos recortaron ₡13.220 millones a pedido de Hacienda, semanas después el Gobierno les impuso ₡3.053 millones más, lo que indica una mala intención de disminuir sus capacidades operativas.

Esos dos recortes, aducen, va a producir un “impacto drástico” en el trabajo del Poder Judicial, que redundará en menos investigación y lucha contra el crimen organizado, entre otras labores propias de la Judicatura, es decir, del trabajo en los juzgados, lo que va a deteriorar el servicio a los ciudadanos.

El Poder judicial indicó que el asunto será llevado a la Corte Plena, para que sea ahí donde se tomen las medidas respectivas y se busquen soluciones a este golpe a la aplicación de la Ley en Costa Rica.

La presidenta Laura Fernández, mediante un video, afirmó que se trata de “un berrinche” del Poder Judicial y que la ausencia a la reunión que ella convocó incurre en “incumplimiento de deberes” por lo que ella podría abrir una causa penal en contra de esos jerarcas, algo que ya generó burlas en redes sociales.

Entre los principales impactos negativos señalados, se encuentran:

•Investigación criminal: Se limita el traslado de personal para allanamientos, levantamientos de indicios, inspecciones y otras diligencias judiciales, lo que incrementa los tiempos de respuesta.

•Investigaciones de campo: La falta de recursos para viáticos y hospedaje restringe las investigaciones prolongadas y la presencia operativa en zonas alejadas.

•Recursos técnicos y protección: Se afecta la reparación de computadoras, la sustitución de vehículos y la compra de equipo de protección personal y materiales para el embalaje de evidencia, lo que aumenta el riesgo de contaminación de indicios.

•Modernización tecnológica: El recorte impide adquirir servidores, licencias de software y plataformas para el análisis criminal y la evidencia digital, comprometiendo la capacidad de investigar delitos complejos.

•Servicios judiciales: Existe riesgo de suspensión y reprogramación de juicios y audiencias, así como afectaciones en las salas de juicio y los sistemas audiovisuales.

•Peritajes y servicios especializados: Se reduce la capacidad para realizar peritajes, traducciones y estudios especializados.

•Víctimas y testigos: Se limita la capacidad para reubicar y proteger a víctimas, brindar transporte y traslados protegidos, así como implementar medidas de protección extraprocesales.

•Atención a personas en condición de vulnerabilidad: Se restringen recursos para alimentación, vestimenta y ayudas de emergencia, además de reducirse la cobertura en territorios indígenas y zonas alejadas.

•Acceso a la justicia: La disminución de recursos también impacta la capacitación del personal profesional y puede afectar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.

Mejoras en los últimos años

“Aunque aún hay trabajo por hacer, y somos autocríticos en ese sentido, lo cierto es que se han tomado acciones que muestra importantes resultados”, recuerda el Judicial, que ofrecen excelentes números de ejecución presupuestarios y otros logros en su trabajo durante los últimos años.

•Entre 2021 y 2025, el número de expedientes terminados aumentó un 27%.

•El 85% de los expedientes tiene una duración inferior a cinco años.

•En los Tribunales Penales Ordinarios, la cantidad de expedientes terminados aumentó un 31% entre 2015 y 2025.

•Impulsamos el proyecto de ley 24.913, una reforma al Código Procesal Penal que permitiría aumentar el número de juicios y reducir los tiempos de espera.

•También aplicamos procesos de mejora continua, revisamos las cargas de trabajo de los despachos judiciales para identificar y corregir problemas, y utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar la eficiencia y la efectividad de la justicia.

Participaron en la conferencia el fiscal general, Carlos Díaz Sánchez; el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas y José Ángel Peñaranda Chaverri, Fiscal Adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.