El privado de libertad asesinado en la cárcel de Puntarenas el miércoles 21 de octubre murió en el mismo ámbito donde, tres semanas antes, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, encabezó una requisa que hoy investiga la Fiscalía.
En redes sociales circula además la versión de que el fallecido había denunciado al ministro o la represión dentro del penal, algo que ninguna fuente oficial ha confirmado ni desmentido.
Según diversas fuentes, el fallecido es un hombre de apellido Guerrero, de 27 años, recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en El Roble de Puntarenas.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, recibió golpes con tablas en la cabeza durante un intento de motín en el que participaron 132 privados de libertad del ámbito A.
Fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, donde ingresó a la sala de shock, y su muerte se confirmó a las 6:34 p. m. La Policía Penitenciaria controló los disturbios posteriormente.
El Ministerio atribuye la agresión a otros reos y afirma que trabaja en identificar a los presuntos autores del homicidio y a quienes participaron o colaboraron en el ataque. Este jueves informó que 37 privados de libertad fueron trasladados a alta contención en el complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El antecedente con el ministro Aguilar
El 29 de setiembre, el Ministerio publicó en sus redes un video titulado “Los jachudos van directo al CACCO“, grabado durante una requisa encabezada por Aguilar en ese mismo ámbito del CAI 26 de Julio. En las imágenes se ve a reos colocados en el suelo mientras el ministro anuncia su traslado al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado. Tres privados de libertad fueron reubicados en máxima seguridad.
La Defensoría de los Habitantes condenó el video por lo que calificó como conductas verbales violentas y tratos humillantes, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también lo rechazó. Aguilar respondió que el criterio de la Defensoría “no le es vinculante”.
Sin embargo, la Fiscalía General tiene abiertas dos causas contra Gabriel Aguilar por presunto abuso de autoridad. La primera, la 26-99-033-PE, se abrió el 6 de octubre por el video de Puntarenas. Y esa sí es vinculante y emite una condena judicial.
La segunda, la 26-000357-1218-PE, se originó en una denuncia que presentó en setiembre una persona privada de libertad. El Ministerio Público no ha revelado quién es el denunciante ni en qué centro penal se encontraba.
A eso se suman las denuncias de reos de La Reforma por presuntas agresiones, en las que al menos dos denunciantes ubican al ministro en el lugar de los hechos, según una fuente judicial citada por la prensa.
CulturaCR.net informó en su momento que el OIJ y la Fiscalía investigan denuncias de abuso de poder y agresiones en las cárceles.
Especulaciones por el momento
No hay información oficial que vincule a Guerrero con la denuncia presentada en setiembre contra el ministro, ni que indique si figuró entre los reos que aparecen en el video de la requisa o si presentó quejas por malos tratos. Tampoco se ha informado qué originó el intento de motín.
Las autoridades no han identificado públicamente a los presuntos agresores ni han dicho si el homicidio guarda relación con la requisa de setiembre en esa cárcel de Puntarenas.
“En las cárceles de Costa Rica no mandan los privados de libertad. Aquí manda el Estado”, afirmó Aguilar tras los hechos. El asunto es que el Estado no es él, ni es el Gobierno, son también el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
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