Un proyecto de ley busca endurecer penas para quienes maten o priven de libertad a activistas o personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica, mientras la memoria sigue citando como ejemplo de esa violencia —el asesinato del líder indígena Sergio Rojas— terminó en enero de 2024 con la causa desestimada y sin nadie condenado.

El expediente 25.815, “Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos”, presentado por el diputado José María Villalta (Frente Amplio), incorpora el homicidio de un activista como agravante al artículo 112 del Código Penal, con penas de 20 a 35 años, y la privación de libertad agravada al artículo 192, con penas de 4 a 10 años. También crea un artículo 71 ter en el Código Procesal Penal para que integrantes de organizaciones ligadas a una víctima puedan acceder a protección cuando enfrenten amenazas por esa relación.

Rojas, líder bribri de Salitre, fue asesinado el 18 de marzo de 2019. La Fiscalía identificó en setiembre de ese mismo año a dos presuntos autores materiales y dos instigadores, pero el Tribunal Penal de la Zona Sur desestimó el caso el 8 de enero de 2024 por considerar insuficiente la evidencia para procesarlos. Menos de un año después del crimen de Rojas, en febrero de 2020, fue asesinado el líder brörán Jerhy Rivera en Térraba; ese caso tampoco ha derivado en condenas conocidas.

El proyecto se apoya en cifras del informe Global Analysis 2024/25, de Front Line Defenders, según el cual Latinoamérica concentró 257 de los 324 asesinatos de personas defensoras registrados en el mundo en 2024, cerca del 80% del total.

Colombia encabezó esa lista con 157 casos, seguido de México y Guatemala; Costa Rica no figura entre los países con casos documentados ese año.

“Esta propuesta busca enviar una señal clara contra la impunidad, reconociendo la importancia de la labor que realizan las personas activistas en defensa de los derechos y las libertades de la población costarricense”, señaló Villalta, quien además citó otros casos históricos como el del líder indígena Antonio Zúñiga (1989), la masacre de la Asociación Ecologista Costarricense (1994) y el asesinato del ambientalista Jairo Mora (2013).