Como un ataque a la Constitución Política de Costa Rica, porque no puede aplicarse en pleno derecho; así define la institución lo que sucede con la negativa de Pueblo Soberano de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La Defensoría de los Habitantes lanzó una alarma sobre la parálisis en el nombramiento de magistrados suplentes a la Sala Constitucional, porque “implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional“, es decir, pone a la Constitución del país por debajo y provoca que pierda su poder político y legal.

La institución, que vela por los derechos de los ciudadanos frente al Estado, advierte que estamos frente a “un Tribunal Constitucional creado pero imposibilitado para ejercer su competencia, (lo que) resta toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población y que es el vértice de la pirámide de la que se nutre el resto del ordenamiento jurídico”.

En otras palabras, se trata de un ataque, también al corazón mismo del ordenamiento jurídico costarricense, a las leyes que mantienen a la sociedad en el cauce de la civilización. Recordó que durante el año 2025 los magistrados suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional.

La Defensoría sostiene que ha venido dándole seguimiento a este tema, porque es su labor defender a los habitantes frente al incumplimiento del estado de sus funciones más apremiantes, como en este caso. Mencionó que al menos 87 asuntos están pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.

“A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, indicó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.

El “omnbudsman” costarricense informó que la ausencia de estos magistrados “compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales“.

Y si eso es poco, “se estarían generando las condiciones para la vulneración, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense e inserta en su ordenamiento jurídico mediante Ley N° 4534, vigente desde febrero de 1970; el cual tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones“, agregan.

Además, la institución señaló que en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el pasado jueves 4 de junio del año en curso, presentó un informe al respecto, que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

Así las cosas, el oficialismo estaría incapacitando parcialmente a la Constitución de Costa Rica, un ataque a la esencia misma del ser político de la nación.